La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha señalado que desde hace más de tres años la Junta prohíbe a los agentes, bajo sanción disciplinaria, cualquier comunicación de posibles delitos medioambientales a la Fiscalía o a los Juzgados.

Según ha indicado en nota de prensa, APAM viene denunciando esta situación desde hace más de dos años, "ante la pasividad del ya exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Barreda, José Luis Martínez Guijarro", ha dicho.

Algo que vuelve a recogerse en la Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo del año 2010, sobre todo en lo que se refiere a la relación con los Agentes Forestales o Medioambientales, y especialmente "como consecuencia de la actitud de algunos sectores de la Administración competentes en la materia, que parecen querer sustituir al Juez de Instrucción o al Fiscal a la hora de proceder a determinar el carácter penal o no de las denuncias presentadas por los citados agentes".

APAM ha señalado que desde el año 2007, a raíz de un informe del Gabinete Jurídico de la Junta que cuestionaba el carácter de Policía Judicial de los Agentes Medioambientales, se emitieron instrucciones directas que impiden que los agentes puedan dar traslado de los Atestados que instruyen por presuntos delitos medioambientales a los Juzgados y Fiscalías, conforme están obligados por la legislación vigente.

Dichas instrucciones "amenazaban" a los Agentes Medioambientales con que "la no actuación conforme a lo indicado podría ser entendida como desobediencia", ha explicado la Asociación.

APAM ha detallado que ante esta prohibición, y considerando que no se ajustaba en absoluto a la legalidad, la Asociación solicitó su retirada en varias ocasiones al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, y al Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, "no habiendo recibido respuesta alguna".

Por ello, ha confiado en que el nuevo Gobierno regional retire definitivamente estas órdenes y establezca un protocolo claro para que se produzca una comunicación fluida entre Agentes Medioambientales y Juzgados o Fiscalías, al igual que se ha articulado en la vecina Comunidad de Madrid.