El PP recurre ante el Constitucional 50 artículos de la ley audiovisual catalana

El PP recurre ante el Constitucional 50 artículos de la ley audiovisual catalana

El PP presentó hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley audiovisual de Cataluña, al considerar que cincuenta de sus artículos vulneran diez preceptos de la Carta Magna, desde el que consagra la libertad de información, al que establece que el español es la lengua oficial del Estado.

En su recurso, el PP argumenta que, "con la excusa de crear un pretendido espacio de comunicación audiovisual, propio de la Generalidad de Cataluña, ésta invade espacios de libertad garantizados por la Constitución a la sociedad civil catalana y española".

Según explica en un comunicado, con la ley audiovisual, que entró en vigor en enero, se otorgaron poderes "desproporcionados" al Gobierno catalán y al Consejo Audiovisual catalán, "ocupando competencias reservadas al Estado y arrogándose la capacidad de definición de conceptos, como veracidad, pluralismo, normalidad lingüística y desarrollo de derechos fundamentales, de un modo exclusivo y excluyente".

Fuentes del CAC eludieron hoy responder al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP, una medida que había solicitado la Federación de Asociaciones de la Prensa de España.

El recurso consta de tres bloques:

  1. Vulneración de derechos fundamentales
  2. Infracción del régimen lingüístico establecido por la Constitución
  3. Invasión de competencias estatales.

Los derechos fundamentales

El PP considera inconstitucional que el Consejo pueda clausurar los medios
En el primer bloque, el PP considera inconstitucional la potestad sancionadora de la ley audiovisual, ya que otorga al CAC la capacidad de clausurar temporalmente medios de comunicación y de ordenar el cese definitivo de sus emisiones en virtud de sus contenidos, "a partir de preceptos genéricos y tipos en blanco".

Esas competencias suponen "un sacrificio de la libertad de comunicación sin razón ni justificación alguna", subraya el PP, que asegura que los tribunales son los únicos competentes para suspender o cerrar una emisora por la ilicitud de sus contenidos.

Los populares critican que el CAC pueda dictar instrucciones que definan "el contenido de lo que es o no veraz, delimitando cuándo hay información y cuándo opinión" y denuncian que se pretenda "moralizar sobre los contenidos audiovisuales, hasta extremos tales que resultan incompatibles con la libertad de información y con las libertades de opinión y expresión".

"No existe un límite más severo en el ordenamiento para la libertad de expresión y de información que la privación del derecho a comunicar", subraya el PP, que denuncia que el CAC se convierte "en juez y definidor de deberes".

Catalán vs Castellano

Consideran que la ley pretende un "arrinconamiento progresivo" del Castellano

En cuanto a las infracciones al régimen lingüístico, el PP denuncia que "el espacio audiovisual catalán se pretende utilizar para desequilibrar absolutamente el tratamiento de la lengua" en Cataluña, con un "arrinconamiento progresivo" del castellano para otorgar "un desmedido protagonismo a la lengua catalana y aranesa, más allá de todo límite razonable".

Se "cercena" así el derecho a recibir libremente información y se "coarta" el derecho de los medios a usar el castellano cuando lo crean conveniente, señala el PP, que defiende la cooficialidad y la paridad de las lenguas frente a una ley que "deja a la lengua castellana reducida a la mínima expresión".

Además, el PP aprecia motivos de inconstitucionalidad en las adjudicaciones, al entender que se establece "una notoria discriminación positiva" para la producción en catalán y para que los productores establezcan su residencia en Cataluña, un precepto que, subraya, vulneraría también la libertad de circulación vigente en al Unión Europea.

Competencias

En el tercer bloque del recurso, el PP denuncia que la invasión de competencias estatales, ya que corresponde al Estado "toda norma que afecte a aspectos esenciales de los derechos fundamentales" y, asegura, la suspensión o el cese definitivo de las emisiones son "un aspecto esencial".

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