Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, uno de los acusados era el administrador único de la empresa siniestrada, que en el momento de los hechos, marzo de 2008, estaba construyendo un edificio de viviendas en Alcaudete (Jaén) mientras que el otro procesado era el coordinador de seguridad en la ejecución de estas obras.

El suceso se desarrolló a principios de ese mes, cuando un trabajador de esa empresa que "no había recibido formación para la utilización de maquinillo", fue a realizar trabajos de soldado y alicatado en la segunda planta del edificio, para lo que empezó a subir con un maquinillo instalado en uno de los balcones de la segunda planta un carro de mortero de cemento.

No obstante, en un momento dado el maquinillo se desprendió y en su caída desde una altura de unos seis metros arrastró al trabajador, que no llevaba puesto ni casco ni cinturón de seguridad ni tampoco existía allí un punto fijo seguro donde anclarlo. A causa de la caída, sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerto.

Según estas mismas fuentes, se da la circunstancia de que días antes del accidente el administrador único de la empresa decidió sustituir la grúa torre prevista en el plan de seguridad y salud como sistema de elevación de materiales por el maquinillo e incumplió con su obligación legal de facilitar al trabajador fallecido los medios de protección individual que "hubieran evitado la caída".

Por ello, tanto el administrador único como el coordinador de seguridad han sido condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio imprudente a la pena de un año y medio de prisión e inhabilitación para sus respectivas profesiones durante medio año.

En concepto de responsabilidad civil se ha determinado que los familiares directos del fallecido —que estaba casado y tenía tres hijos— en la cantidad de 105.000 euros a la mujer, al menor de sus hijos con 48.000 euros, al mediano con 18.000 euros y a la mayor con 15.000 euros.