El Congreso de los Diputados aprobó este jueves, con la oposición de IU, ICV y UPyD, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ahonda en la coordinación y en la internacionalización del sistema de ciencia, apuesta por una mayor implicación de lo privado y prevé la retención de talento o, lo que es lo mismo, intenta evitar lo que se conoce como fuga de cerebros.

Esta ley, que sustituye a la de 1986, se ha aprobado con 289 votos a favor y tres en contra, después de dos años desde que se hiciera público su primer borrador, al que se han ido incorporando modificaciones de los agentes científicos y los grupos.

La ley, que define el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, como un "sistema de sistemas", en referencia al papel en la I+D+i de las comunidades autónomas, hace hincapié en la innovación y emplaza al Gobierno a crear dos estrategias: la de Ciencia y Tecnología, y la de Innovación (ambas ya están en marcha).

Promueve la movilidad de los investigadores, propone tres modalidades de contrato -ninguno indefinido- y la creación en un año y con coste cero de la Agencia Estatal de Investigación.

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha afirmado que con esta norma el país aspira a ser, además de un país de ciencia, un país de innovación.

"Es un gran día para la ciencia española, espero que suponga un punto de inflexión en cuanto al rendimiento y calidad del sistema", ha remachado la ministra, quien ha comparecido ante los medios acompañada de algunos diputados (PSOE, PP, PNV y CiU), y la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín.

Garmendia, quien ha valorado el consenso y el trabajo de los parlamentarios, ha dicho que prevé "años de estabilidad", espíritu que permanecerá a la hora de implantar y desarrollar las reformas.

Para la titular de Ciencia, hay algunos aspectos principales: la ley consigue un trabajo más estable para los científicos jóvenes, ya que cambia becas por contratos, y una carrera científica más predecible y perdurable que permitirá que la edad media de los científicos que opositen para un puesto fijo baje de 39 a 34 años.

Además, mejora la calidad del sistema, aumenta la implicación de las empresas y apuesta por la excelencia.

Gaspar Llamazares, de IU, ha subrayado que investigar en España es "pecado" y ha denunciado el empeoramiento de la carrera científica porque no se aplica el límite de tres años en la duración de la contratación temporal por obra o servicios.

Rosa Díez, de UPyD, quien presentó en su día una enmienda a la totalidad, ha criticado en una nota que la ley no afronte con "valentía" la colaboración público-privada, un problema para el que Garmendia "no tiene una postura decidida" como "se ha demostrado" con las "discrepancias con el CNIO".