El Gobierno está dispuesto a cambiar la legislación cuanto antes para que grandes empresas con beneficios, como es el caso de Telefónica, asuman las prestaciones por desempleo de las prejubilaciones que provienen de despidos pactados.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado este lunes que hay dos proyectos legislativos en marcha -la reforma de las pensiones y la de las políticas activas- que deben aprovecharse con el fin de que "no tarde demasiado" el cambio en la ley que rige las prejubilaciones. "Hay instrumentos suficientes para poder aprovechar el tiempo y que no tarde demasiado este tipo de reformas", dijo.

Según Gómez, cuando una empresa tiene suficiente tamaño, un nivel alto de beneficios y presenta un expediente de regulación de empleo (ERE) que implica despidos con consumo de paro, la empresa "debe contribuir a disminuir el gasto y pagarlo". En el caso de Telefónica, añadió que "no es propio de una empresa socialmente responsable" que anuncie un ERE al mismo tiempo que establece un plan de incentivos "millonarios" para sus directivos.

El ministro de Trabajo insistió en que despedir de forma pactada con los trabajadores es un derecho que existe, pero dijo que cuando se trata de empleados que no van a buscar activamente empleo, la compañía debe asumir las cargas del sistema de prestaciones. Asimismo, pidió que el PP se sume a la iniciativa legislativa que presentará el PSOE, como enmienda, a algunos de los dos proyectos laborales que se tramitan en el Congreso.

No obstante, señaló que esta iniciativa intentará ser pactada con los agentes sociales, para discutir detalles, cómo la definición del tipo de empresa y sus trabajadores o el nivel de beneficios que debe tener. Gómez también recordó al PP que Telefónica aplicó un ERE con miles de despidos a partir del año 2000, cuando gobernaba José María Aznar, y "absolutamente nadie pidió explicaciones".

Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, ha insistido en que el Gobierno ya hizo esta reflexión cuando se inició el proceso de reforma del sistema de pensiones, con el fin de garantizar estas prestaciones.

"Para garantizar las pensiones para nuestros hijos y para todos los españoles dentro de 20 ó 30 años hacíamos una reflexión de que era necesario endurecer las condiciones por la que se estaban estableciendo las prejubilaciones y en caso de empresas que dan beneficios", ha subrayado.

Por último, ha remarcado que por la vía de las prejubilaciones no se pueden tomar decisiones que "cuestan demasiado" a todos los españoles.

La intención de que las empresas con beneficios asuman el coste de las prestaciones por desempleo no es nueva dentro del Gobierno socialista. El anterior ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya se planteó llevar a cabo esta medida y criticó duramente que las arcas públicas tuviesen que hacerse cargo del gasto.