La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un funcionario de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) a siete meses de prisión y a seis meses de inhabilitación para empleo público por cargar a la institución gastos para su casa por valor de 22.537,99 euros.

Así consta en una sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que se condena al funcionario por un delito continuado de estafa cometido por funcionario público, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de reparación del daño, apreciada como muy cualificada.

El acusado reconoció los hechos, y se ha dictado una sentencia de conformidad. El funcionario desempeñaba el cargo de jefe de la Unidad Administrativa del Departamento de Ingeniería Electrónica en la UPV, y se encargaba de gestionar e imputar contablemente las propuestas de pago de dicho departamento, así como de gestionar la caja fija o los fondos a justificar.

Aprovechando las posibilidades que le ofrecía su cargo, a pesar de que no tenía capacidad de disposición para contratar o adquirir bienes o servicios por cuenta de la institución, contactó con diversos proveedores y concertó el suministro de mercancías y servicios entre el 30 de diciembre de 2007 y el 3 de marzo de 2011.

En concreto, entre otros elementos, requirió paneles térmicos, dos video-cámaras, una PDA, un teléfono móvil, una bomba trituradora, un televisor LED, un mando a distancia universal, dos motores de puerta corredera, y multitud de metros lineales y de tubo.

Por estas mercancías y servicios, los proveedores remitieron las facturas correspondientes al Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPV, el cual satisfizo su importe, si bien, también por indicación del funcionario, le fueron entregados a él mismo y los destinó, en su mayoría, a la habilitación de su vivienda ubicada en la localidad valenciana de Torrent.

Cuando los servicios de fiscalización de la UPV advirtieron las irregularidades cometidas por el funcionario, lo pusieron en su conocimiento, y él mismo restituyó íntegramente el importe al que ascendían las mercancías y servicios, en total, 22.537,99 euros.