El Gobierno vasco en funciones ha iniciado este lunes el procedimiento para hacer efectiva la paga extra de Navidad a sus funcionarios, tal y como había anunciado Patxi López. No obstante, esta medida será estudiada a partir del martes por el pleno del Tribunal Constitucional (TC).

La nómina del mes de diciembre, a la que se sumaba la extra, la cobran normalmente 67.000 funcionarios vascos el día 20, por lo que este lunes 10 era la fecha tope para iniciar los trámites administrativos con el fin de hacerla efectiva. Por eso, pese al conflicto de competencias, desde la Presidencia del Gobierno socialista han señalado que la orden de pago está dada.

El pleno del TC estudiará la medida entre este martes y este jueves y, si el caso se admite a trámite, podría efectuarse una suspensión cautelar del pago para la extra. A este respecto, el Gobierno Vasco ha matizado que paralizar la orden de pagos "sin daños es imposible", por los perjuicios que pudiera ocasionar a los funcionarios.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, opinó hace unos días que cuando el Gobierno de Vitoria en funciones ejecutase la orden de pago de la extra el Constitucional no podría ya suspender esta medida.

Por otro lado, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, calificó la decisión de abonar la paga de "ilegal" y advirtió de que a los funcionarios que decidieran pagarla se les exigirían las responsabilidades que recoge el Código Penal, lo que lleva "aparejada una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años".

No obstante, la Fiscalía del País Vasco ha informado este lunes de que no ha recibido ninguna denuncia contra responsables vascos. Además, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha explicado que hasta el momento, "la Fiscalía no ha actuado" y que para plantear esas imputaciones habría que iniciar un proceso penal paralelo, si es que el TC determinara la prevalencia de ley básica del Estado.

Además, ha explicado que habrá que determinar si la decisión del Gobierno Vasco de incumplir esta ley responde a un acto doloso y arbitrario y, por lo tanto, delictivo. En ese caso, un consejero, o el propio lehendakari, Patxi López, como responsables últimos de la decisión política, podrían ser imputados por prevaricación administrativa, que acarrearía penas de inhabilitación.

Así, el lehendakari en funciones ha asegurado no temer "en absoluto" las consecuencias de una hipotética inhabilitación a causa del abono de la paga de Navidad porque los argumentos del Gobierno vasco son, a su juicio, "muy sólidos". Por eso, se ha mostrado convencido de que el TC dará "la razón" al Gobierno autonómico porque "solo cumple con la legalidad" porque esa paga aparece reflejada en la Ley de Presupuestos de la Comunidad.