El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un informe sobre el anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que, según explicó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, permitirá que pasen a ser titulares de este derecho aquellos que cobren menos de 15.975 euros al año (2,5 veces el salario mínimo interprofesional) frente al límite actual fijado en 14.910 euros (dos veces este salario).

El Ministerio de Justicia quiere controlar también el uso de la justicia gratuita con el fin de evitar abusos, para lo que establecerá un sistema de control a fin de impedir que se haga una utilización fraudulenta de este derecho.

El titular de Justicia ha explicado que en virtud de esta nueva ley las víctimas de violencia machista o víctimas del terrorismo no solo estarán exentas del pago de tasas judiciales, sino también del coste del abogado y del procurador. Ahora, el anteproyecto será remitido a las Cortes para su trámite y aprobación.

Las víctimas de violencia, de terrorismo, de trata de seres humanos y menores y discapacitados víctimas de maltrato "quedarán exentos de todos los costes, independientemente de sus ingresos, no solo de las tasas sino en demandas al margen del ámbito penal (divorcios)". Para estos colectivos, la asistencia jurídica comprenderá también asesoramiento previo a la presentación de demandas y recursos, según ha informado el ministro de Justicia.

Esta nueva reforma completa la inciada el pasado noviembre con la entrada en vigor de las tasas judiciales, que obligaban a pagar al ciudadano por los servicios de la justicia, cosa que hasta ahora sólo estaban obligadas a hacer las empresas.

La medida supone una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales, un acto que costará hasta 1.200 euros si se llega al Supremo.

En concreto, la ley fija en lo civil una tasa de 300 euros por un recurso ordinario y 800 por un recurso de apelación y 1.200 por el de casación. En lo contencioso-administrativo el recurso ordinario son 350 euros. Mientras, en lo social, el recurso de suplicación son 500 euros y el de casación, 750 euros.

Ya en el preámbulo de esa ley, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, se asegura que "el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita", pero reconoce que "en aquellos supuestos en los que se acredite "insuficiencia de recursos para litigar" la Constitución consagra la gratuidad de la justicia".