La Audiencia Nacional espera que las autoridades de EE UU se pronuncien en los próximos días sobre la detención, dentro de sus fronteras, del ciudadano ruandés Justus Majyambere. Es uno de los presuntos responsables y presunto ejecutor del asesinato en 1997 en Ruanda de tres españoles, miembros de la ONG Médicos del Mundo. El militar, que lleva una semana retenido por un asunto de inmigración, es también uno de los 40 procesados por el juez Fernando Andreu en 2008 por genocidio, lesa humanidad y terrorismo, entre otros delitos. Sobre él pesa una orden de detención internacional desde entonces que no se había ejecutado aún por Interpol.

Según la exclusiva publicada por 20minutos.es en marzo, teniendo como base los cables secretos de Wikileaks, todos los acusados por el magistrado -menos Kayumba Nyamwasa, exiliado en Sudáfrica, cuya extradición solicitó España en 2010- regresaron a Ruanda inmediatamente después de la difusión del auto para evitar ser extraditados. El caso de Rugumya Gacinya, entonces agregado militar en la embajada ruandesa en Washington, fue especialmente curioso, ya que en 24 horas estaba de vuelta en su país, aunque se desconoce si porque fue expulsado, invitado a irse o porque decidió, motu proprio, blindarse legalmente.

Justus  Majyambere habría salido de Ruanda hace unos días con el fin de realizar en EE UU algún tipo de empresa de relacionada con la inteligencia militar, extremo que no ha sido confirmado. El abogado Jordi Palou, representante de las nueve víctimas españolas cuyas matanzas en Ruanda y Congo investiga el magistrado Andreu, cree que el ruandés viajó convencido de que "no iba a pasarle nada", dados los antecedentes.  Hace una semana, no obstante, saltaron las alertas y la Audiencia Nacional avisó a Palou, entre otros, de la detención casual de este integrante del Ejército Patriótico Ruandés (APR), liderado por el presidente de Ruanda Paul Kagame.

El juez Andreu e Interpol España ya han confirmado la identidad del detenido y ahora esperan a que Estados Unidos lo entregue a las autoridades españolas para poder iniciar el proceso de extradición, que tendría que solicitar, a petición del magistrado, el Consejo de Ministros y cursar el Ministerio de Exteriores contactando con el Departamento de Estado estadounidense. Palou cree que el Gobierno español hará los trámites necesarios, ya que es un asunto que "hace referencia directa" a la muerte de tres ciudadanos españoles y porque Majyambere era un "inferior jerárquico" de Kayumba Nyamwasa, sobre el que Sudáfrica sigue sin dar noticias a día de hoy.

No hay plazo para que Estados Unidos se manifieste aunque, si no lo hace, Palou explica que tanto las familias de las víctimas como los querellantes en el proceso, el Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, procederán a pedir formalmente a la embajada de EE UU en España una respuesta e instarán al Congreso de los Diputados a que pida explicaciones.

El  capitán Justus  Majyambere era en 1997 un oficial de inteligencia de la brigada 408 del Ejército Patriótico Ruandés, según consta en el auto de procesamiento del juez Andreu. Un testigo protegido declaró durante la investigación llevada a cabo por el juez que el militar dirigía un grupo de intervención rápida y planificó la estrategia de operaciones que dieron lugar a los asesinatos sistemáticos de miles civiles hutus en la región ruandesa de Ruhengeri y sus alrededores (Gisenyi y Cyangugu). Los tres cooperantes de Médicos del mundo, Mª Flors Sirera, Manuel Madarazo y Luis Valtueña, supieron de las masacres por la información que les proporcionó un testigo y se personaron para prestar ayuda médica.

Desde ese momento, se convirtieron en un obstáculo para los planes del APR, que se propuso entonces, según el auto, forzar el abandono de ONG y otros observadores internacionales "de la zona noreste de Ruanda así como la zona fronteriza con el entonces Zaire" para continuar los ataques en el actual Congo y además proceder al pillaje de recursos como el Coltán. La decisión de asesinar a los españoles la tomaron cuatro militares, entre ellos Kayumba Nyamwasa, y la pusieron en práctica, designando a los ejecutores, otros dos, entre ellos Justus  Majyambere.

Realizaron, además, "un ataque en cascada" a tres ONGs para encubrir las matanzas y también para "aterrorizar a los expatriados y población en general". Después de aquello, todas las organizaciones y oficinas de Naciones Unidas se replegaron hacia Kigali, la capital de Ruanda.