El presidente del PR, Miguel González de Legarra, y el secretario general, Miguel Gómez Ijalba, han comparecido ante los medios de comunicación para indicar que "el contrato de arrendamiento que la vicepresidenta del Gobierno, Aránzazu Vallejo, dice que existía desde 1999" sobre una parcela de viñedos, "realmente no existe ni ha existido nunca".

Así, han enumerado "las últimas novedades que se han producido en torno al proceso judicial que comenzó hace un par de meses" al respecto "del viñedo ilegal de la familia Vallejo y de la propia consejera" para tratar "de colar en bodegas de Denominación de Origen Rioja más de medio millón de kilos de uva que finalmente tuvo que ser el Consejo Regulador el que cuatro meses después de ser introducidas estas uvas llevó a cabo la descalificación del vino y detectó este intento de fraude".

Por ello, ha relatado Miguel Gómez Ijalba "han quedado totalmente demostradas seis cuestiones absolutamente fundamentales". La primera cuestión, ha enumerado Gómez Ijalba es que Aránzazu Vallejo "protegida por el presidente Pedro Sanz, ha estado mintiendo deliberadamente durante más de dos años en lo que a su situación patrimonial se refiere así como en lo que se refiere a la ilegalidad de los viñedos de su propiedad y su familia y al destino de las uvas".

En segundo lugar, "ha quedado demostrado que Aránzazu Vallejo ha incumplido la legalidad y ha autorizado la plantación de viñedo ilegal en al menos una parcela de su exclusiva propiedad, además de otras parcelas en la que es copropietaria de forma intencionada, sabiendo que ese viñedo era ilegal".

Además, según el PR, ha quedado demostrado que "la consejera se ha beneficiado económicamente de la situación de ilegalidad de los viñedos que se han plantado en la parcela de su propiedad, y que estas uvas han sido vendimiadas al menos las dos últimas cosechas, sin ser legal".

Por otra parte, indican "el presidente del Gobierno de La Rioja conocía esta situación y ha mentido deliberadamente en sede parlamentaria". Con respecto "al famoso contrato de arrendamiento que la vicepresidenta del Gobierno dice que existía desde 1999 sobre esa parcela, realmente no existe ni ha existido nunca".

Por último, aseguran "ha quedado demostrada la mala fe de la vicepresidenta del Gobierno que le ha acarreado ya dos condenas en costas ante los tribunales fruto del procedimiento que el PR ha iniciado".

Acción de jactancia

Tras un análisis de la situación, el Partido Riojano ha recordado que "el 2 de marzo de 2011 presentamos una demanda de juicio declarativo ordinario en ejercicio de la acción de jactancia en el que se solicitaba la condena al perpetuo acallamiento o al perpetuo silencio en lo que a la existencia de este contrato de arrendamiento se refiere a Aránzazu Vallejo", simplemente, indican desde el PR "estábamos solicitando que presentara el contrato o que nunca más dijera que lo poseía".

Ante ello, se presentó un recurso a la Admisión a trámite de dicha demanda, y lo que dice el Juzgado "es que no admite el recurso". Posteriormente, se presentó otro recurso en el que el resultado también se desestima. Ante la situación, indican desde el PR "lógicamente se ven avocados a responder a la demanda, y llegan incluso a acusar a un medio de comunicación de ser el que ha informado de que la vicepresidenta fue la que presentó el contrato de arrendamiento".

Una situación que demuestra, según el PR, que "Aránzazu Vallejo ha estado mintiendo y se ha lucrado de esta situación" que en cifras "se estima en una valoración de casi un millón de euros".

Además, insisten desde el PR, "ha quedado demostrado que Pedro Sanz ha mentido deliberadamente diciendo que ese contrato existía". mientras que "nuestro partido ha estado desde el primer momento defendiendo la verdad y demostrando que se trata de una cuestión pública".

Por su parte, el Partido Riojano "va a solicitar la declaración testifical de Pedro Sanz que aseguró tener conocimiento de la existencia de este contrato" tras la audiencia previa al Juicio y Juicio que "posiblemente pueda ser antes de elecciones".

Por su parte, el presidente del PR, Miguel González de Legarra, ha indicado que fue "el propio presidente del Gobierno en sede parlamentaria el que explicó y aseguró que existía ese contrato de arrendamiento y que respaldaba a su vicepresidenta", pero "a pesar de que desde el PR hemos intentado en que se facilitara toda la información necesaria para esclarecer esta situación nos vimos obligados a recurrir a los tribunales".