El Ministerio del Interior ha ordenado aumentar los controles policiales sobre extranjeros condenados o detenidos por delitos sexuales que se desplazan o vuelven a España, en particular cuando las víctimas sean menores.

Una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad establece un protocolo de actuación para la Policía Nacional y la Guardia Civil en el caso de que reciban de otros países, a través de Interpol, Europol o Sirene, notificaciones de personas con antecedentes penales o policiales en esos territorios con delitos contra la libertad sexual.

Tras recibir la notificación y derivarla al cuerpo correspondiente, éste indicará en la base de datos la necesidad de adoptar un "control específico: vigilancia discreta" de la persona en cuestión, una grabación que constatará las citadas oficinas policiales internacionales.

De manera discreta, la unidad correspondiente comprobará, "con los medios disponibles y proporcionales a la amenaza", que el investigado reside eventualmente o permanentemente en el lugar donde reseñaron las oficinas, así como el grado de peligrosidad y reincidencia.

La instrucción aconseja que se tenga en cuenta si la estancia de esa persona en España puede tener vinculación con actividades relacionadas con menores de edad y si en el entorno en que se mueve puede tener acceso a niños. Además, Interior ordena que en el caso de que las fuerzas de seguridad constaten algún hecho relevante sobre esa persona, los agentes deberán inmediatamente comunicarlo a las autoridades del país de origen del sospechoso a través de alguna de las oficinas policiales.

Y si Policía o Guardia Civil tienen que detener al investigado deberán incluir en el atestado los antecedentes policiales y penales que el arrestado tenga en su país de origen, así como su situación administrativa en nuestra país.