La Xunta defiende que su oferta mantiene las retribuciones de funcionarios judiciales "por encima de la media" estatal

  • OURENSE / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que la propuesta del Ejecutivo autonómico para tratar de desbloquear el conflicto con los funcionarios judiciales sitúa las retribuciones de estos trabajadores en la comunidad "por encima de la media" estatal.

"Lo que la Xunta no puede asumir son las reivindicaciones de subida salarial por encima del 16 por ciento, lo que supone casi 3.000 euros al año por trabajador. Eso ya dijimos que es inasumible", ha manifestado Rueda, en Ourense, en la misma jornada en la que ha fracasado una nueva reunión encaminada a tratar de solventar el conflicto.

Rueda, quien ha incidido en que el Gobierno gallego "maneja recursos públicos", ha esgrimido que la Xunta mantiene la voluntad de negociar con el fin de poder evitar la huelga indefinida convocada a partir del 7 de febrero.

En la misma línea, en declaraciones a Europa Press, se ha pronunciado el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, quien ha lamentado el "inmovilismo" de los sindicatos y la actitud del comité de huelga al optar por "romper las negociaciones" y encerrarse en dependencias de la Administración autonómica.

Además de reiterar que el diálogo sigue en pie, el director xeral también ha asegurado que la propuesta de la Administración sí ha sido "mejorada" para tratar de llegar a un acuerdo.

Al margen de la cuestión retributiva, centrada en la subida del complemento autonómico transitorio (CAT), y de la "discriminación" ante casos de incapacidades transitorias, la Xunta sostiene que el resto de diferencias han sido superadas.

"POR ENCIMA DE LA MEDIA ESTATAL"

Al tiempo, el "documento de cierre" presentado en la reunión de este miércoles presenta un incremento del CAT que situaría, según el Ejecutivo autonómico, las retribuciones de los funcionarios judiciales gallegos "por encima de la media" estatal. Los sindicatos, sin embargo, acusan al Ejecutivo de "mentir" en esta cuestión y "engañar" con sus tablas.

En la propuesta difundida por la Administración gallega se contemplan 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios. El incremento, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2019, se aplicaría en tres anualidades.

Además la propuesta recoge que este aumento en el complemento es compatible con mantener el concepto retributivo de 'IPC gallego', que ya perciben los funcionarios por trabajar en la administración autonómica gallega y que supone en torno a 9 euros al mes para los gestores; 8 euros al mes para los tramitadores; y 7 euros al mes para el cuerpo de auxilios.

En cuanto a las bajas laborales y la "discriminación" por el descuento salarial con respecto a otros funcionarios judiciales que no dependen de la Administración gallega, la Xunta se compromete a crear un grupo de trabajo específico, en el que se tratará la ampliación de los supuestos excepcionales hasta ahora previstos, en el marco establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

NUEVAS PLAZAS Y REFUERZO EN JUZGADOS DE VIOLENCIA MACHISTA

En el resto de puntos -equiparación en el salario por sustituir a compañeros, estabilización laboral y creación de nuevas plazas fijas en relevo de las que estaba previsto suprimir-, el Gobierno gallego defiende que en su día ya hubo acuerdo.

Así, además de la propuesta económica, la Xunta remarca que también propone crear 43 nuevas plazas: 36 de consolidación y siete de psicólogos, además de ofrecer mejoras adicionales en materia de violencia machista.

Estas mejoras pasan por la creación de siete plazas de psicólogo para los servicios de atención a las víctimas existentes en las siete ciudades gallegas; y el refuerzo de personal en los juzgados de violencia sobre la mujer en aquellos casos en los que sea necesario por su carga de trabajo.

También por fijar un complemento lineal por objetivos ligados al trabajo en violencia machista, que se traducirá en el pago de una cantidad a los funcionarios de los juzgados de violencia de entre 50 y 100 euros al mes, en función del tipo de juzgado.

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