El Juez les acusa de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. "La exalcaldesa, desde su casa, ha roto su silencio vía comunicado en el que dice desconocer “absolutamente cuál es el contenido cierto de los hechos investigados” y se reafirma en que "ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado".