El Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Brigada de Extranjería de la provincia de Ciudad Real, y la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, han colaborado para desarrollar una operación contra los derechos de los trabajadores que se ha saldado con la detención de cuatro personas y la imputación de un quinto tras inspeccionar ocho explotaciones en los términos municipales de Bolaños, Daimiel, Calzada de Calatrava y Granátula de Calatrava.

Además, según informó el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, también se ha detenido a 11 trabajadores que se encontraban en situación irregular en el país, y cuatro de los cuales ya tenían orden de expulsión, dos emitidas por la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, una de la Subdelegación de Granada y otra de la de Almería.

"Tras una exhaustiva investigación, agentes de la Brigada de Extranjería en la provincia e inspectores de la Seguridad Social se personaron el pasado 28 de abril en las ocho explotaciones y se produjo la detención de 15 personas, además de la imputación de una más", indicó Díaz Cano, quien agregó que la Inspección de la Seguridad Social ha denunciado también 25 faltas de alta en la Seguridad Social, 18 de permisos de trabajo y seis de cesión ilegal de trabajadores que afectan a 43 empleados.

Según el delegado del Gobierno en la región, una supuesta empresa de servicios se dedicaba a la cesión ilegal de trabajadores que ponía a disposición de empresarios agrícolas, de forma que los delitos han sido cometidos por las dos partes. De hecho, uno de los detenidos y el imputado son empresarios agrícolas españoles, mientras que los otros tres detenidos son extranjeros que dirigían la presunta empresa de servicios.

"Los agricultores no deben confiar en estas supuestas empresas de servicios que realizan una cesión ilegal de trabajadores en las que, aunque ellos les den de alta en su código de cuenta de la Seguridad Social, luego los salarios no se los pagan directamente a los empleados, sino a la empresa que, además, cobra a los trabajadores por encontrar trabajo, 5 euros diarios por llevarlos al tajo y entre 10 y 15 euros por cada día de salario. Los agricultores creen que dándoles de alta cumplen la ley, pero no es así", dijo el delegado.

En este sentido, Díaz-Cano aconsejó a los agricultores de la región que antes de contratar a este tipo de empresas se asesoren, por ejemplo, en las asociaciones agrarias o las cooperativas que colaboran con la Delegación del Gobierno en la región y disponen de toda la información.

Cuantiosas multas

Además, Máximo Díaz-Cano recordó que, a parte del delito, este tipo de infracciones conllevan multas muy cuantiosas. En este sentido recordó que por cada una de las 25 faltas de alta en la Seguridad Social, la multa puede ser de 600 euros en adelante; por las 18 de permiso de trabajo, de 6.000 euros en adelante; y por las de cesión ilegal de trabajadores -en este caso 43- 6.000 euros por cada uno de ellos.

Ahora que se inician las campañas agrícolas, Díaz-Cano aseguró que desde la administración van a permanecer vigilantes para evitar que se produzcan infracciones legales o administrativas "porque, además, si hay algo especialmente detestable es que haya quien abuse de los más vulnerables".

Finalmente, el delegado del Gobierno en la región recordó que en la operación se ha identificado a un total de 90 trabajadores, la mayoría de ellos procedentes de países de Latinoamérica.