El PSdeG demandó hoy al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que explique "qué responsabilidades políticas" asumirá el presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, acusado por la Fiscalía de un supuesto delito de prevaricación medioambiental por la tramitación de la piscifactoría de Rinlo (Lugo) en 2005.

En primer término, el secretario xeral socialista, Manuel Vázquez, señaló en rueda de prensa que esta adjudicación se produjo en "un período negro" de unos 35 días que se sucedió desde que la coalición de socialistas y nacionalistas superó al PPdeG en las elecciones autonómicas de 2005 hasta que el bipartito tomó posesión.

Durante ese período en el que la Xunta estaba en funciones, según el líder del PSdeG, "no sólo hay una denuncia", sino que hubo varias por "concesiones eólicas e hidráulicas". En este punto, animó a "investigar" las adjudicaciones en estas fechas.

Al hilo de todo ello, el dirigente socialista exigió "explicaciones" al máximo mandatario autonómico sobre el hecho de que un alto cargo de su partido haya utilizado un procedimiento "claramente ilegal".ÁLVAREZ-CAMPANA,

"en cuestión"

A mayores, a través de un comunicado de prensa, la portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Gallego, se interesó por conocer si el actual presidente de Portos de Galicia asumirá alguna "responsabilidad política", ya que, a su juicio, la denuncia "pone seriamente en cuestión su competencia como gestor público".

"No parece que quien aparece como encausado por atentar contra el medio marino sea la persona más adecuada para dirigir la política de puertos", evidenció, para lamentar a continuación que "tenga que ser la Justicia y no el presidente de la Xunta de Galicia quien se preocupe de preservar la Red Natura".

Hiló esta cuestión con la protección de Cabo Touriñán, fundamental discrepancia entre socialistas y populares a la hora de alcanzar un pacto por el territorio, y señaló que la Justicia dará "la razón" a su partido en relación a que "no se puede construir una planta de acuicultura" en Red Natura con hábitats o especies de interés prioritario comunitario.

"Todo técnico o político que firme documentos a la hora de implantar una planta acuícola en Red Natura con hábitats prioritarios, se topará con la Justicia", incidió Gallego, convencida de que esta actuación es "manifiestamente ilegal".