La Comisión de Expertos propuestos por el Gobierno y las distintas Comunidades Autónomas ha entregado ya su informe sobre la financiación de las Comunidades Autónomas. Los expertos han hecho un buen documento, pero, como en algunos malos chistes sobre los trajes de baño, descubre todo menos lo fundamental. Como fueron propuestos por las Comunidades y debían defender cada uno los intereses del proponente, el documento es un esfuerzo por expresar ambiguamente contenidos que luego serán interpretados de forma contradictoria. Como en la Comisión hay abundancia de representantes gubernamentales, el documento es muy benévolo con el actual Ejecutivo.

Veamos, por ejemplo, cómo puede aparentar que se dice algo. Los expertos proponen que las Comunidades Forales, que gastan el 30% más que las de régimen común, paguen una aportación al sostenimiento de los servicios públicos fundamentales en toda España. Y lo dicen sabiendo que el Gobierno está negociando con el PNV ampliar estas diferencias, hasta tal punto que el representante de Asturias, Carlos Monasterio, dimitió de la Comisión el día que se hicieran públicas las negociaciones. Bien por él: demostró que si el papel lo aguanta todo, algunas personas no son de papel.

El documento apoya la denominada “lealtad institucional”, qué básicamente supone que cada Administración, en ejercicio de sus competencias, no hace la puñeta a las restantes; pero no hace propuestas concretas. Recordarán los lectores que el actual sistema establece que la recaudación del Impuesto sobre la Renta y del IVA se reparte por mitades entre Estado y Comunidades. Vayamos a la última liquidación conocida, la del año 2015. La recaudación estatal de Renta e IVA fue de 72.345,5 millones de euros y 60.304,9 millones de euros respectivamente. La parte que se quedó el Estado después de transferir la “mitad” de la recaudación a las Comunidades Autónomas fue de 39.478,5 millones de euros en renta y 33.216,2 millones en IVA. Otra vez como en los malos chistes, la “mitad” del Gobierno, que es quien reparte, se ha convertido en mayor que la otra. Y esto sucederá siempre que no exista un órgano independiente que controle que  las reglas del juego se cumplan, pero esto no se propone.

El documento reconoce que el gasto en España ha crecido menos en las Comunidades Autónomas que en la Administración Central, y además admite que el Estado tiene medios para financiarse mejor. A  pesar de esta insuficiencia, las Comunidades han destinado mayores fondos a los servicios públicos fundamentales de los que les aportaba el sistema (que sólo cubre el 80% de los gastos), pero con todo el gasto social  (sanidad, educación, dependencia) continua disminuyendo en términos de PIB desde 2010. Se cuenta, pero en medio de duros juicios sobre la costumbre de reclamar mayor financiación al Estado. Las Comunidades solicitan mayor financiación para mantener los servicios en el mismo nivel al que estaban hace diez años. Virgencita, virgencita, queremos quedarnos como estábamos. Pero los expertos no defienden tener los médicos, profesores, o becas que había, menos alumnos en las aulas o las ayuda para cuidar a los familiares dependientes. Según su papel “el sistema fiscal español tiene menos capacidad de generar ingresos que los europeos”, una curiosa forma de referirse a un sistema fiscal tan lleno de trampas como injusto.

Y, claro, ¿cómo han financiado las Comunidades estos servicios públicos fundamentales si el Gobierno les recorta las entregas? Reduciendo el gasto público en otros programas, en lo que han podido, y endeudándose. Durante 2009, el Gobierno socialista inyectó mayores entregas para mantener los servicios, pero a partir de ese año las Comunidades Autónomas han pasado según el Banco de España de una deuda del 8,6% del PIB a una del 24,8%.

Algunas que ya estaban muy endeudadas están en una situación desesperada: Cataluña tenía el 2009 el 12,7% de deuda y ahora está en el 36,5%. La Comunidad Valenciana tenía el 15,7% y ahora está en el 41,5%. Su situación es de ahorro negativo: los gastos comprometidos son mayores que los ingresos. Aunque no hagan nada, y aunque los tipos de interés sean muy bajos, la deuda aumenta. Si los tipos de interés subieran, entrarían en bancarrota. Pero los expertos, que señalan muy tímidamente el problema, dedican sus esfuerzos en criticar las quitas de deuda o el Fondo de Liquidez del Estado.

En conclusión: el diagnóstico omite la parte fundamental de los problemas reales: recortes y deuda, con un documento interesante en lo que dice, frustrante por lo que no dice, y evidentemente un punto de partida para que ahora se discuta lo fundamental: Conseguir que nuestros servicios públicos se recuperen y las Comunidades que los gestionan no quiebren.