Esta semana se ha aprobado el techo de gasto público para el ejercicio presupuestario de 2018. Se situará en unos 119.834 millones de euros, alrededor de un 1,3% más alto que el aprobado para el ejercicio 2017. El techo de gasto supone el inicio del ciclo presupuestario anual, que debe llevar a presentar un proyecto de Presupuestos a las Cortes en otoño, previo visto bueno de los servicios de la Comisión Europea, que son los que, de manera previa, emiten recomendaciones de política fiscal para todos los países que participan en el sistema de gobernanza económica europea.

Se espera que España salga en 2018 del procedimiento de déficit público excesivo, tras prácticamente una década en él, siendo el último país en salir del mismo tras la crisis económica. Esto deberían ser buenas noticias por cuanto España no estará sometida a las estrictas normas de recortes presupuestarios de los años anteriores, y permitirá fijar objetivos de medio y largo plazo en otro indicador tan poco conocido como poco fiable, el déficit estructural, que España tiene todavía disparado en opinión de los funcionarios de Bruselas.

Para lograr su aprobación, el ministro de Hacienda ha repartido algunas zanahorias esperando una mayor complicidad por parte de una difícil mayoría parlamentaria: por un lado ha accedido a la propuesta de Ciudadanos de rebajar impuestos al tramo de rentas que se sitúan entre los 12.000 y los 17.000 euros (haciendo oídos sordos a las voces que indicaban la necesidad de focalizar el gasto fiscal en las rentas inferiores a 12.000 euros); por otro, ha relajado una décima el objetivo de déficit público que deben corregir las comunidades autónomas, verdaderas paganinis del ajuste fiscal de los últimos años.

Plantear un techo de gasto superior al del año anterior puede significar una buena noticia en tanto permite corregir, en parte, los efectos de los recortes de años pasados. Y en el ministerio proponen que esta subida sea absorbida por el crecimiento económico del país, que está mostrando un desempeño sobresaliente y superior al esperado a inicios de año. Sopla viento de cola y el Gobierno quiere aprovecharlo. Pero como en todo, hay letra pequeña: con una economía creciendo al 2,6% en términos reales, y con una inflación esperada para 2018 de un 1,4%, incrementar el 1,3% el techo de gasto es congelarlo en términos reales y rebajarlo en términos de porcentaje del PIB. Vamos paulatinamente hacia un sector público más pequeño, donde previsiblemente pocas partidas podrán recuperar algo del terreno perdido durante los años de la crisis. Y lo hacemos, además, con la promesa de que, a lo largo de lo que queda de legislatura, los ingresos fiscales volverán a sufrir una nueva rebaja. El Partido Popular y Ciudadanos confirman su voluntad de avanzar hacia un Estado más pequeño en un país cuyo sector público es, ya, bastante más reducido que el de los países europeos de referencia. No hacen sino cumplir su mandato electoral.

El horizonte a medio plazo supone alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020, haciendo de esta manera cumplir la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 y el reformulado artículo 135 de la Constitución Española. En definitiva: si el objetivo es el equilibrio presupuestario, y la política es la reducción de ingresos, tenemos todavía años por delante de insuficiencias en servicios públicos que han salido muy dañados por la crisis. Nada que objetar si el modelo al que queremos tender es el de un Estado más limitado que el de nuestros países de referencia. Pero no pidamos, entonces, al sector público, lo que va a ser muy difícil que pueda proporcionar: escuelas con calidad finlandesa, servicios sociales con cobertura danesa o política de innovación pública con resultados alemanes. Nos daríamos, una vez tras otra, de cabeza en el techo de gasto.