Estos días hemos conocido la salida de la sede social de numerosas empresas de Cataluña hacia otras localizaciones en España. Estamos a la espera de otras que, en función de la aprobación de sus consejos de administración, podrían aprovechar el real decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros para trasladarse, al menos temporalmente, mientras dure la actual incertidumbre. La mayoría  corresponden a empresas cotizadas en bolsa. Con excepción hecha del sector financiero, que necesita imperativamente tener acceso permanente al Banco Central Europeo y su liquidez, la mayoría responde a movimientos tácticos dirigidos a proteger el precio de sus acciones frente a unos operadores de los mercados que aprovechan cualquier situación para sacar tajada, incluyendo operaciones bajistas a la luz de la inseguridad jurídica que está generando el procés.

Es poco probable que a corto plazo muevan algo más que sus sedes sociales. Pero si se consolidara la independencia y Cataluña queda fuera del Mercado Interior, tarde o temprano deslocalizarán también parte de la producción. De prosperar una DUI 'dura', Cataluña tendría, al menos inicialmente, un tratamiento comercial similar al de Bielorrusia, único país europeo sin acuerdo comercial, situación que se extendería durante un largo proceso de negociación, a expensas del visto bueno final de España. Invertir en un país aislado no suele ser buen negocio.