Por increíble que parezca, lo ha puesto por escrito. El impacto presupuestario de una menor recaudación tributaria (mayoritariamente relativa al IVA) es razón suficiente para que el Gobierno haya vetado un proyecto de ley impulsado por el Congreso de los Diputados. El fondo, cómo no, es el famoso autoconsumo. Ese "atentado" que algunos "desalmados" pretenden perpetrar contra el sistema eléctrico español poniéndose unos paneles en el tejado para ahorrar unos euros en su factura de la luz a la vez que (¡qué cosas!) contribuyen a ser más sostenibles con su deteriorado entorno. Luego nos quejaremos de que nos prohíban circular en coche por las ciudades…

Lo más grave es que en este caso, por mucha obsesión que tenga el Gobierno con el autoconsumo, el contexto es irrelevante. El argumento no es, como en otras ocasiones, que al dejar de pagar una parte de su factura los "desalmados" impongan al resto mayores cargos (lo de que las eléctricas ingresen menos por vender menos no se contempla). Es que la rebaja en la factura implica una menor recaudación de impuestos. Principalmente el omnipresente IVA y el impuesto especial de electricidad.

En un informe sin precedentes, en el que ni siquiera se tiene en cuenta el IVA que sí se ingresaría por la venta e instalación de los paneles (varias veces superior, por cierto, al que se dejaría de ingresar por los ahorros anuales en la factura de la luz), la demencia abarca no solo el ahorro directo sino también el inducido. Efectivamente, el Gobierno reconoce que quien se pone un panel solar, al reducir la demanda que deben atender las eléctricas, contribuye a reducir la factura de la luz de sus vecinos. Y eso es intolerable, pues de ser así ellos también pagarían menos IVA.

Con el mismo argumento el Gobierno podría hacer uso de su facultad constitucional para (atención) vetar cualquier ley que pretendiera aprobar el Parlamento siempre que supusiera un ahorro en la factura de la luz. Quizás entonces, al contrario de lo que nos dicen públicamente, nuestros responsables políticos celebren que el mercado eléctrico esté marcando estos días precios máximos de tres años.

¡Qué despropósito! En un país con una altísima dependencia energética del exterior, que sufre descarnadamente cada vez que se dispara el precio del petróleo (ya lo estamos empezando a notar otra vez), reducir las facturas energéticas utilizando para ello fuentes renovables debería ser objetivo prioritario de cualquier gobierno, con independencia de su orientación política. Mucho más cuando quien está dispuesto a hacerlo no pide subvención ni apoyo alguno.

Es claro que nuestra Constitución requiere una reforma. Esa que evite que un Gobierno en minoría pueda ningunear al Parlamento con argumentos falaces y que, sobre todo, impida que se legisle en contra del interés general.