Trump vuelve a la escena internacional con su decisión de imponer aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, de hasta un 25% sobre el valor del producto, con el objetivo de proteger la producción nacional y de generar nuevos empleos en las zonas industriales deprimidas de Estados Unidos. Una decisión que no ha pasado desapercibida para sus socios comerciales y que plantea serias dudas sobre su viabilidad: en la actualidad, Estados Unidos produce unos 78 millones de toneladas métricas de acero al año, algo más del 50% del acero que producía en los años 70. Sus importaciones son de alrededor de 30 millones de toneladas en 2017, lo cual significa que el consumo interno de acero se acerca a los 100 millones de toneladas métricas. Aunque la industria norteamericana señala que su producción supone un 70% de la capacidad instalada, será difícil que las acerías norteamericanas puedan incrementar rápidamente su producción en casi un 30%, teniendo además en cuenta que, precisamente por su falta de competitividad, muchas plantas cerraron o están obsoletas en términos técnicos.

La conclusión de este proceso será un encarecimiento del acero consumido, una suerte de subvención que las industrias consumidoras de acero pagarán a las acerías por su producto. Entre las empresas norteamericanas que consumen acero hay que destacar que el 40% del acero termina en manos de la construcción, un 26% en manos del sector automovilístico y un 20% en el sector de la energía. Tres sectores que probablemente vean los precios de sus materias primas incrementarse. En el caso de los automóviles, Estados Unidos exportó vehículos por valor de 57.000 millones de dólares, de los cuales casi la mitad terminaron Canadá y México, dos de los países de los que importa más acero. Un boomerang de difícil control, porque el acero encarecido traerá consigo un incremento de los costes de esos vehículos, que serán más difíciles de vender –al empeorar su competitividad con vehículos de otros países productores–.

Se trata, en definitiva, de una medida de ida y vuelta, en la que Trump beneficia a las industrias obsoletas para castigar al consumidor y a las industrias de mayor valor añadido. Nada que objetar pues se trata de una medida eminentemente política, que busca proteger a su base de votantes, el trabajador blanco enfadado. Una política evidente de transferencia de rentas.

Las consecuencias son imprevisibles. Los países exportadores de acero están intentando negociar exenciones a estos altos aranceles al tiempo que están amenazando con represalias en productos norteamericanos –en el caso de la Unión Europea, con productos emblemáticos como el bourbon, los vaqueros y las motocicletas, producidos en su mayoría en estados trumpistas– iniciando de esta manera una escalada comercial que no traerá nada bueno.

A Trump, estas amenazas le parecen poca cosa: su proyecto de poner a su América primero es, ante todo, un proyecto de redistribución interna: a través de su política industrial, de los sectores competitivos a los no competitivos, y a través de su política fiscal, de los más pobres a los más ricos. Si culmina su proyecto, veremos una economía norteamericana más cerrada sobre sí misma, menos competitiva, y más reacia al intercambio comercial y al cosmopolitismo. Menos liberal y más conservadora. Un retroceso de décadas que contará con el apoyo de los estados de medio oeste que más han sufrido las consecuencias de la globalización y la modernización productiva.

No basta con quejarse. Los defensores de la apertura económica global, más que llevarse las manos a la cabeza, harían bien en reflexionar sobre por qué sus políticas de aperturistas no distribuyeron bien los frutos de la prosperidad. Todas las decisiones tienen ganadores y perdedores, y es responsabilidad de los gobernantes que la balanza no caiga siempre del mismo lado.