Después de haber escuchado a los testigos de las acusaciones, con alrededor de 200 policías nacionales, guardias civiles y mossos, es momento de hacer balance. Si al principio solo había indicios racionales de delito, tras varios meses de juicio el rompecabezas de la sedición encaja sin dificultad.

La conclusión es preliminar porque falta el grueso de los testigos de las defensas y el examen de las pruebas periciales y documentales, pero la sedición se deduce de las testificales que hicieron los cinco mandos de los Mossos (Castellví, Quevedo, Trapero, López y Molinero) en conexión con los hechos que sucedieron.

El 6 y 7 de septiembre de 2017 el Parlament convocó el referéndum y aprobó la ley de transitoriedad jurídica, constituyéndose en poder soberano. Pese a la suspensión del Tribunal Constitucional, el Govern siguió adelante con el 1-O sin importarle tampoco las advertencias de los responsables de la policía autonómica sobre el riesgo de graves altercados.

Los políticos independentistas llamaron a la movilización ciudadana con el concurso de las entidades civiles, generándose desde el 20 de septiembre un clima de hostigamiento a los poderes del Estado que fue más allá de la normal protesta para adentrarse en el terreno del alzamiento.

Los testimonios de los dos centenares de agentes del orden han permitido acumular muchas evidencias de una prueba que será determinante para el tribunal. El 1-O se organizó una resistencia tumultuaria mayormente pasiva para impedir o dificultar el cumplimiento de una orden judicial.

El ambiente en casi todas partes fue de gran hostilidad, con insultos y amenazas. La resistencia en bastantes casos también fue activa, con decenas de episodios de violencia de baja intensidad, principalmente agresiones a policías.

Los participantes en el referéndum no asistieron a una protesta sino a un acto soberano que creían imprescindible para poder proclamar la independencia, tal como habían anunciado los líderes del procés. Cuestión aparte es el papel que jugaron los Mossos como facilitadores del referéndum, cuyos mandos han aprovechado el juicio para defenderse por anticipado de las acusaciones que recaen sobre ellos en otros tribunales subrayando la irresponsabilidad del Govern.

No está nada claro que lo hayan conseguido y, en cambio, han puesto en evidencia que tanto Puigdemont como Junqueras y Forn aceptaban la hipótesis de un daño eventual para lograr sus fines. Lo que sucedió hasta la declaración de independencia del 27 de octubre hace que el rompecabezas cuanto menos de la sedición encaje perfectamente.