Las cifras no se han movido en los últimos años. En Europa, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia, física o sexual; una de cada 20 ha sido violada y más de la mitad ha sufrido acoso. La pregunta que surge es ¿qué más tiene que pasar para que realmente, de forma urgente, rotunda y eficaz, la lucha contra la violencia de género sea una prioridad en la agenda europea?

Este ha sido un año crucial para el movimiento feminista y la lucha contra la violencia de género, con dos momentos clave. Uno, el otoño pasado, cuando tras las denuncias por abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, la actriz norteamericana Alyssa Milano pidió en Twitter que las víctimas de agresiones sexuales escribieran el hashtag: #MeToo, yo también. La propuesta se hizo viral y recorrió el mundo entero en cuestión de horas. Se había roto el silencio.

El empuje de esta campaña que nació en Estados Unidos tuvo el efecto de una bola de nieve y alcanzó de lleno a Europa. Llegó al Parlamento Europeo, donde hemos aprobado un informe para combatir el acoso sexual en los Estados miembros y también dentro de la institución, que a día de hoy imparte cursos voluntarios sobre acoso laboral, sexual y psicológico.

España no quedó al margen de esta ola, sino que se puso a la vanguardia con la primera huelga feminista de la historia reciente de España y movilizaciones masivas en todas las ciudades del país. Quienes estuvimos en la calle ese día sentimos que ya nada sería igual a partir de entonces, que por primera vez nuestra lucha había tocado a toda la sociedad.

Han pasado ocho meses y el movimiento sigue vivo, pero desgraciadamente, pocas cosas se han movido en la Unión Europea. Hay directivas que siguen estando bloqueadas en el Consejo por un grupo de Estados miembros que se resisten a avanzar.

En primer lugar, es urgente que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul, el tratado internacional de mayor alcance para abordar la violencia contra las mujeres, que obliga legalmente a los Estados a adoptar medidas concretas para prevenir, proteger y combatir la violencia de género. Por ejemplo, obliga a los países a proporcionar los servicios de apoyo necesarios para proteger a las víctimas, como una línea de teléfono gratuita, lugares de acogida, asesoramiento médico, psicológico y legal, ayuda con la vivienda y recursos económicos. Además, exige a los Estados que inviertan en campañas de educación y concienciación, formación de expertos/as y programas de rehabilitación para los maltratadores, y planes para la erradicación de estereotipos en los medios de comunicación.

Además, el Convenio de Estambul establece que los Estados tienen la obligación de recopilar las cifras de las víctimas de la violencia de género. Porque a día de hoy seguimos sin saber cuántas mujeres han sido asesinadas en Europa en el último mes, en el último año, en la última década. Extraoficialmente se calcula que son siete cada día, pero exactamente no se sabe porque no existen criterios homogéneos en la recogida de datos, ni en la definición de los hechos, ni en la consideración de las víctimas. El propio Instituto Europeo contra la Violencia de Género asegura que este fenómeno sigue estando infrarrepresentado y estigmatizado, e insiste en que necesitamos datos fidedignos sobre la realidad que pretendemos cambiar y criterios para hacer un seguimiento detallado de los programas que se ponen en marcha.

Por tanto, el Convenio de Estambul, que aún sigue sin ser ratificado por países como Bulgaria, República Checa, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania y Reino Unido, es la primera pieza que es necesario desbloquear para que sea realmente efectiva y vinculante en toda la Unión Europea. Pero no es la única.

No basta con aprobar medidas, también debemos asegurarnos de que las que ya tenemos funcionan a pleno rendimiento. No es el caso de la Orden Europea de Protección, aprobada en 2011, traspuesta a las legislaciones nacionales en 2015 y, desde entonces, utilizada solo en siete ocasiones, entre otros motivos, porque hay un gran desconocimiento sobre ella y el hecho de que la víctima tiene derecho a protección internacional cuando viaja o se instala en otro país.

Es una obligación de la Comisión Europea y de los Estados miembros poner los medios para que las instituciones actúen desde todos los frentes contra la violencia de género. Una de las aspiraciones históricas de la UE -uno de los principales motivos de su fundación- ha sido la defensa de los derechos y de la dignidad de ser humano, y de eso hablamos cuando asesinan a las mujeres por el solo hecho de serlo.

Por eso es inaceptable que año tras año se recorten fondos del programa Daphne para la prevención y protección de víctimas de la violencia, que a pesar de la oposición de la Eurocámara, la Comisión decidió incluirlo dentro del programa general sobre Derechos, Igualdad y Ciudadanía, pasando de una dotación de 19,5 millones en 2012 a 18 millones en 2013 a algo más de 14 millones en 2016...

La Unión Europea puede y debe hacer mucho más para erradicar la violencia de género. Es una obligación moral y política acabar con este atentado diario a los derechos humanos. Nosotras, nosotros, lo seguiremos denunciando y exigiendo cada día, desde el Parlamento y desde las calles de nuestras ciudades.