Entre las muchas chapuzas realizadas por los ingleses en los procesos de descolonización, la más descabellada fue la anexión de Hong Kong  –isla rica, capitalista y democrática–, a una China autoritaria y encerrada en su ortodoxia comunista, solo alterada para afianzarse en el mundo de los negocios.

Aquel acuerdo, sustentado en la fórmula un Estado y dos sistemas antagónicos, despertó dudas de que llegase a funcionar. Se mantuvo con dificultades a lo largo de 22 años –se cumplieron la semana pasada–, pero los encontronazos entre los protagonistas, el Gobierno de Pekín y el pueblo hongkonés, surgieron enseguida. Aún se recuerdan las manifestaciones de los paraguas que enseguida revelaron que la desconfianza no se había disipado y que los derechos que Hong Kong había conservado en las negociaciones descolonizadoras cada día corrían más peligro. China aprovechaba el potencial económico de Hong Kong pero haciendo valer su soberanía.

Pekín rechaza muchas decisiones del Gobierno hongkonés, al que marca de cerca, y entre los cuatro millones que se apiñan en la isla se recibe con suspicacia cualquier decisión china que pueda afectarles. Una ley que permitiría extraditar a China a los delincuentes desencadenó la mayor ola de protestas registrada hasta ahora.

La ley parecería inocua tratándose de criminales, pero los hongkoneses vieron en ella una estratagema para extraditar a los discrepantes críticos o activos contra su incómoda situación frente a las intromisiones pekinesas. El Gobierno cedió retirando temporalmente la propuesta, pero los manifestantes no se sintieron satisfechos. En una jornada de protestas, grupos de jóvenes asaltaron el Parlamento, se atrincheraron en su interior y destrozaron cuanto les salió al paso. La reacción de Pekín se está haciendo esperar.