El objetivo de deuda pública para España en 2020 se fija en el 60% del PIB. Sin embargo, en el primer trimestre de 2018 la deuda ya ascendía al 98,8%, lo que se traduce en un máximo histórico de 1,16 billones de euros. Según la AIReF, en un escenario positivo en el que se cumplieran las reglas de consolidación fiscal, el nivel marcado por Bruselas se alcanzaría en 2034, 16 años más tarde de lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Esto sería en el mejor de los casos. Pero, tras tres años de fuerte crecimiento de la economía española y unas condiciones de los mercados financieros más que favorables, no hemos sido capaces de fortalecer las cuentas públicas. Relajarse en la corrección del déficit puede provocar que la deuda se estanque en el 90% del PIB en el medio plazo, haciendo más vulnerable el futuro económico del país.

La previsión de una desaceleración económica y el incremento de tipos anunciado para mediados de 2019 hace más graves las consecuencias de la deuda, ya que cada vez serán más los recursos dedicados al pago de intereses (y no a gastos sociales) y se encarecerá la financiación de las inversiones empresariales.

Son muchas las reformas estructurales pendientes, pero la transformación del sistema tributario es urgente. Si queremos unos servicios públicos decentes en educación, sanidad y protección social, es preciso incrementar la recaudación y no hipotecarse con el resto del mundo. Por suerte, la ministra Montero ya ha puesto esta reforma en su lista de prioridades. Esperemos que no tarde en llevarla a cabo.