Supongo que es el sueño de todo encausado: que se anule su juicio, que el tribunal acepte que hay errores en la instrucción que lo contaminan todo y que, por lo tanto, se vea exonerado en la causa que se le imputa sin ni siquiera tener que dar explicaciones ni defenderse de las pruebas que pueda haber en su contra. Algunos lo consiguen.

En el caso de los delitos económicos, de los delitos que afectan a personas o a organizaciones poderosas, el intento de anular la causa es un clásico. Hay bufetes de abogados especializados en encontrar un error en el procedimiento para intentarlo. Se dedican a ello con mimo. Miran con lupa cada uno de los folios del auto de procesamiento, todas y cada una de las pruebas aportadas. Y cobran minutas mareantes. El nuestro es un sistema garantista, que protege los derechos que tienen las personas encausadas para que no se cometan abusos sobre ellos. Perfecto. Otra cosa es determinar cuándo un procedimiento es irregular. O si la anulación de una prueba lleva aparejada la anulación de todo el proceso. Aquí, no todos los recurrentes tienen la misma suerte.

Quizá algunos de ustedes recuerden el llamado caso Naseiro. Hace casi 30 años de esto. Rosendo Naseiro era el tesorero del Partido Popular. En medio de una investigación policial por un asunto de narcotráfico, se interceptaron conversaciones telefónicas que destaparon un asunto de financiación ilegal del PP y de enriquecimiento de varios políticos en la Comunidad Valenciana. Pero, ¡ay! como las escuchas policiales de esas conversaciones habían sido autorizadas para un asunto de narcotráfico y no para la corrupción, el Tribunal Supremo ordenó su destrucción y su no validez como prueba. Las garantías de los implicados se respetaron y el presunto delito quedo impune. Lo que sucedió después con los siguientes tesoreros del Partido Popular y con los sucesivos responsables políticos en la Comunidad Valenciana, es cosa bien sabida.

Parecida estrategia han usado ahora los abogados del PP para intentar que se anulase el caso Gürtel. Las grabaciones en las que se fundamentó la denuncia inicial de la compra de políticos de su partido y la corrupción en que se movía el PP de Madrid -dicen- no eran muy fiables. También los acusados por las tarjetas black de Caja Madrid querían que se anulase su causa porque los resguardos de los gastos tampoco les parecen muy fiables.

Nunca me parecerá abusiva la exigencia de que se protejan los derechos de los encausados y la fiabilidad de las pruebas. Lo que es abusivo es que los camellos pasen por el ojo de las agujas. Y que esto nunca opere para el que es acusado de un pequeño delito.

No es habitual que se anulen los procedimientos, cuando se reclama porque no hay pruebas o porque las mismas se obtuvieron de  forma poco ortodoxa, para las personas corrientes, defendidas por esforzados abogados de oficio, que tienen que ocuparse de este caso y de cien más si quieren comer todos los días. Contaría mil historias de personas que acabaron en prisión por meros testimonios de otros. Decía el magistrado Perfecto Andrés en 1992 en relación al caso Naseiro «si el auto de la Sala Segunda en el caso Naseiro quedara en algo así como un brindis al sol, arrancado por las habilidades de lo que el Abc llama ‘un escuadrón de catedráticos de derecho penal’ al servicio de imputados de lujo… quedaría mañana mismo degradada a un puro ejercicio de oportunismo ad hoc. De consecuencias irreparables»

Pues eso. 24 años han pasado y estamos bastante irreparables, sí.