No sé si ustedes han intentado alguna vez acceder a la web del Congreso de los Diputados (http://www.congreso.es) para buscar el trámite de una ley que les interese o de algún asunto que les afecte y que saben que se ha tratado en la Cámara Baja. Si no lo han hecho, eso que se han ahorrado, porque es misión imposible. Un lío.

Es una web que es pública, sí, pero no es dinámica ni accesible ni resuelve cualquier consulta de quien la paga –la ciudadanía–. Si usted quiere buscar un asunto por la palabra que cree que resume lo que quiere, olvídese de tamaña empresa; si la palabra en cuestión no aparece en el título de una ley, de una proposición o de una mera respuesta parlamentaria, habrá perdido el tiempo y no encontrará nada.

Por eso, quizás, el Congreso de los Diputados tiene abierto un concurso público de licitación de su página web para intentar poner orden en el follón de datos y en su búsqueda y localización, por nada más y nada menos que 1.525.800,65 euros que vamos a pagar a escote. Pero no se crea que con eso se van a resolver los problemas de accesibilidad que usted tiene ahora. Qué va. Lo explicaron muy bien, en el programa de radio de Javier del Pino, este pasado fin de semana, activistas que ya le han hecho el trabajo al Congreso. Dicen que la pretendida nueva web tiene un pliego de condiciones que no asegura que el resultado sea el que interese a los usuarios. Por ejemplo, no prohíbe el código libre pero lo desalienta, o especifica que el producto debe adecuarse al software de una empresa ya existente (?).

Javier Pérez, director de Ciecode (Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo) ha puesto en funcionamiento la página www.tipiciudadano.es, un buscador online que sí permite buscar y encontrar cualquier información parlamentaria del Congreso de los Diputados.

Le contaba a Javier del Pino que ellos han hackeado –¡ojo!, en el buen sentido, porque es información pública– la web del Congreso, y han convertido ese follón al que me refería antes en una base de datos que facilita que uno encuentre lo que quiere encontrar. Escuchándoles, me convencía todavía más de que lo de facilitar las cosas a la ciudadanía no es cosa que le guste a la pesada maquinaria de las instituciones, tantos pasos por detrás que le quitan el ánimo al más pintado.

Esta gente, además, se ha reunido con organizaciones sociales y con expertos en temáticas y preocupaciones sociales y han construido unos diccionarios de unos 3.500 términos que lo que hacen es vincular los textos parlamentarios con esas temáticas. Así es más fácil encontrar lo que se busca independientemente de que la palabra figure en el título del texto parlamentario. Toda la información tiene código libre y está a disposición del Congreso. El trabajo ya está hecho, pero se va a pagar un millón y medio de euros a una gran empresa que no va a resolver el problema. Hagan la prueba, entren en una y en otra web y lo podrán comprobar.