El sindicato de funcionarios de prisiones en la provincia de Las Palmas, Acaip, ha puntualizado este miércoles que entre los ocho detenidos por la Policía Nacional con los que se ha desarticulado una organización dedicada a la introducción y distribución de cocaína y hachís en el interior de la cárcel del Salto del Negro, en Gran Canaria, así como en la isla de Lanzarote, no hay funcionarios ni personal laboral.

De esta forma, Acaip matizaba, en un comunicado, que aunque entre los presuntamente implicados se encuentra una persona que trabajaba en la prisión del Salto del Negro, siendo éste el encargado de introducir las sustancias en el interior de la misma, esa persona era un trabajador autónomo, contratado temporalmente para realizar una labor en los talleres de metálica del centro.

Sin embargo, su nómina sí era abonada por Instituciones Penitenciarias pero insistió en que "no tenía una relación laboral de funcionario o personal laboral, como sí tienen los empleados o trabajadores del centro".

Asimismo, se informó de que en el centro penitenciario, además de funcionarios y personal laboral, también desempeñan su trabajo un "alto numero" de personas de ONG,s, empresas de catering o de mantenimiento y servicios, entre otros, pero "todos pasan unos controles al entrar en la prisión".

Finalmente, Acaip aseguró que apoya cualquier operativo policial para erradicar el trafico de drogas, así como objetos prohibidos en el interior de la prisión, para lo que afirmó "existe una colaboración estrecha entre las autoridades penitenciarias y policiales".