Los secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y CCOO-A, Francisco Carbonero, advierten de que recurrirán al Tribunal Constitucional si las medidas que se aprueben dentro del Pacto por el Euro y el Plan de Gobernanza Económica de Europa entran en "confrontación" con la Constitución española, ya que las iniciativas europeas planteadas "impediría el marco legal de negociación colectiva en España".

En este contexto, las organizaciones sindicales promueven la Semana Europea de Acción, con movilizaciones entre los días 24 y 26 de marzo contra las medidas económicas del Plan de Competitividad y de Gobernanza Económica de la Unión Europea, que se pretenden cerrar en esos días. Así, este jueves se llevará a cabo una concentración en Sevilla, ante el Banco de España, paralelamente a la manifestación que se celebra en Bruselas. Además, el 26 de marzo se producirá otra acción similar en Londres, mientras que el 9 de abril se celebrará otra manifestación en Budapest a la que asistirán representantes sindicales de todos los países implicados.

"Se trata de trasladar que no estamos dispuestos a aceptar una política económica que da un vuelco total a los derechos de los trabajadores y rompe la negociación colectiva", explica Pastrana, que añade que esta situación "dificultaría o impedirá el marco legal de negociación colectiva en España". Así, añade que se recurrirá al Tribunal Constitucional si finalmente las medidas europeas se "confrontan" a la Constitución española, dejando claro que "se actuaría de inmediato".

El sindicalista lamenta que la Unión Europea (UE) promueva ante la actual coyuntura unas políticas económicas que suponen "el mayor atentado producido nunca contra los derechos de los trabajadores y contra el modelo social, pretendiendo que los ajustes de la crisis caigan sobre los trabajadores". Así, advierte de que la UE se verá abocada a una etapa de "conflictividad" y critica que se pretendan fijar criterios de establecimiento de salarios "al margen" de los acuerdos sociales y de la negociación, uniendo el incremento salarial a la productividad.

"Si estas medidas se ponen en marcha se producirá una ruptura de la tradición del diálogo social en Europa, en línea con las medidas de ajuste presupuestario y de contracción de déficit público", indica Pastrana, que afirma que la negociación colectiva y la fijación de salarios se pretende "someter a las directrices europeas, lo que supone una violación de lo pactado en la Carta Social de Europa al impedir la libre negociación entre las partes y la imposibilidad de continuar con los marcos de negociación de carácter nacional".

En este sentido, explica que en España supondrá la ruptura de derecho que reconoce la Constitución española a la negociación de estos términos y supondría un "problema de carácter jurídico de difícil solución". "Se pretende recuperar la economía y el empleo devaluando los costes salariales y los derechos de los trabajadores".

Reforma laboral,

Un "fiasco" de resultado "catastrófico"

En este contexto, los sindicatos recuerdan que este miércoles se ha iniciado además la recogida de firmas para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se abran las relaciones laborales y se modifique la reforma laboral, cuyos resultados han sido "catastróficos", según Pastrana, ya que "ha destruido masivamente el empleo estable en España y Andalucía, favoreciendo el despido sin argumentación y precarizando más el empleo".

Carbonero insta a rectificar una reforma laboral que lleva a "más eventualidad, que no resuelve los problemas de los trabajadores, ni provoca mejoras de la competitividad o de la productividad". Así, califica como un "fiasco tremendo" esta reforma, cuyo "enorme error" esperan que sea corregido en los elementos que "provocan la eventualidad y la precariedad, normando la contratación para la formación y apostando por la contratación indefinida, acotando la eventual.

Así, CCOO y UGT instan a que el Congreso de los Diputados modifique los aspectos de la reforma que son un "arma" para los trabajadores, para lo que pretenden reunir dos millones de firmas en dos meses, de las que 400.000 serán andaluzas, unas firmas que esperan ya tener el 1 de mayo. "Los diputados deben entender que la modificación de la reforma no responde al empecinamiento retrogrado de los sindicatos, sino a la necesidad de amparar los derechos básicos", recalca Pastrana.

Además, CCOO-A deja clara la apuesta por los convenios sectoriales, ya que "los de empresa sólo suponen perdida de derechos", y por la continuidad de los derechos acumulados por los trabajadores.

En referencia a ligar el salario a la productividad, Carbonero recuerda que "hace ya algún siglo se denominaba destajo a esa situación, por lo que no es algo que se haya descubierto ahora" y subraya que no puede constituirse como "norma generalizada", sino que el salario debe estar garantizado y actualizado con el coste de la vida, mientras que "podría aplicarse a las actividades donde sí se pueda hacer".

"No se puede buscar soluciones pensando que se va a salir de la situación de pérdida de derechos sociales, haciendo un esfuerzo por armonizar las políticas fiscales y regular mercados financieros, que usan el chantaje, para que después se tomen medidas de rebaja de los derechos", insiste.

Empresarios "camuflados" y

Economía sumergida

Por otra parte, Carbonero ha hecho referencia a los "empresarios camuflados" ante la crisis y critica que, a pesar de que "se han procurado rebajas de hasta la totalidad de la bonificación para la contratación de jóvenes y parados de larga duración, las empresas "no están haciendo ningún uso" de este instrumento, mientras "ralentizan la contratación y aumentan la economía sumergida".

Así, lamenta la práctica "habitual" de los empresarios ante la economía sumergida, siendo "normal el pagar sin IVA, los contratos a tiempo parcial mientras se trabaja la jornada completa y las horas extras obligatorias".

"Muchos se escandalizan de que 5.000 empresas hagan fraude en la contratación, a pesar de que los sindicatos lo denunciamos desde hace años", señala Carbonero, que recuerda que el "desmantelamiento" de la Inspección de Trabajo fue "iniciado por el PP y continuado por el PSOE". "El Gobierno y el PP deberían tener más sensatez y responsabilidad con los ciudadanos", concluye.