El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha anunciado este miércoles que la fórmula de colaboración público-privada que, por vez primera en Andalucía, se aplicará para la construcción, mantenimiento y explotación de la futura Ciudad de la Justicia de Córdoba, también será la que se siga para las infraestructuras judiciales pendientes en Andalucía.

En rueda de prensa, Pizarro ha explicado que el hecho de que la nueva fórmula se haya desarrollado ya para la proyectada Ciudad de la Justicia de Córdoba, con el visto bueno incluido de la Consejería de Hacienda, supondrá una "ventaja" para "el resto de ciudades de la Justicia" que la Junta está ya "impulsando, contando con la base de este pliego de condiciones", que solo será preciso "adaptarlo a las características" de cada una de las infraestructuras judiciales pendientes.

Estas son las de Jaén, Cádiz, Huelva, Sevilla, Algeciras (Cádiz), Jerez de la Frontera (Cádiz), Marbella (Málaga) y Fuengirola (Málaga), que vendrían a sumarse a las de Córdoba, que será la tercera infraestructura judicial de este tipo que se ponga en marcha en Andalucía, tras las de Málaga y Almería.

Además, según ha destacado Pizarro, la citada fórmula de colaboración público-privada no solo se aplicará para las inversiones de la Junta en el ámbito judicial, ya que, "el combate contra el déficit público", que mantienen los gobiernos central y autonómico "para salir bien de esta crisis económica, nos obliga, durante un tiempo importante, a seguir controlando y reduciendo la inversión pública en los presupuestos", de forma que "vamos a tener que utilizar esta fórmula para muchas de las inversiones públicas que va a desarrollar desde ahora el Gobierno de la Junta de Andalucía".

Proyecto de córdoba

En cuanto a la proyectada Ciudad de la Justicia de Córdoba, el consejero de Gobernación y Justicia ha asegurado que su departamento sacará a licitación la construcción, conservación y explotación de esta infraestructura este próximo mes de abril, cuando la convocatoria se mande a publicar a los boletines oficiales de la Unión Europea (UE), del Estado y de la Junta de Andalucía (DOUE, BOE y BOJA), lo que determinará una tramitación que llevaría a que la adjudicación podría hacerse entre "septiembre y octubre" de este año.

De todo ello ha hablado este miércoles Pizarro en Córdoba con los operadores judiciales y los representantes de los colegios profesionales de la provincia cordobesa, con los que se ha reunido para explicarles los pasos que se van a seguir, tras recibir el martes la autorización del Consejo de Gobierno para la licitación. Al encuentro han asistido el presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Baena; el fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro; el juez decano, Luis Rabasa; el secretario coordinador, Pedro Alejandre; el decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido; la decana del Colegio de Procuradores, María del Sol Capdevila; el presidente del Colegio de Graduados Sociales, Daniel Ojeda, y el director del IML, José Sáez.

El titular de Gobernación y Justicia se ha mostrado satisfecho por este paso, con el que "se puede decir que hoy empieza a ser ya una realidad la Ciudad de la Justicia de Córdoba", pues "permite ejecutar un proyecto esperado y dar un salto cualitativo" en las infraestructuras judiciales de Córdoba, creando un edificio que estará preparado para dar respuesta a posibles crecimientos futuros y que nacerá adaptado a las necesidades de espacio de la nueva Oficina Judicial.

Asimismo, ha valorado el uso de la citada fórmula de colaboración público-privada, que va a permitir obtener los beneficios de la cooperación del empresariado y mantener la creación de infraestructuras en la actual coyuntura económica.

Con este tipo de licitación la Junta otorgará a una empresa privada el derecho de superficie sobre una parcela de 12.112 metros cuadrados, situada en la zona de Arroyo del Moro de la capital cordobesa, en la que la compañía adjudicataria se encargará de construir la Ciudad de la Justicia y de explotar el inmueble.

Por su parte, la Administración autonómica abonará por el uso de las instalaciones "un paquete global en el que está incluida la construcción del edificio y todo lo necesario para mantener la Ciudad de la Justicia en funcionamiento durante 25 años". En este periodo la empresa asumirá el mantenimiento íntegro del inmueble, su limpieza y la gestión del archivo judicial. Asimismo, se le concede la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado, de la cafetería y de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos.

345

Millones de euros

El pago durante los 25 años para la Junta ascenderá a un montante total de 345 millones de euros, con precios actualizados e IVA incluido. Se abonará mediante el pago por disponibilidad, es decir, en función de la disposición que se haga del espacio y de la calidad del servicio, aplicando fórmulas específicas de cálculo.

En concreto, el edificio tendrá 50.894 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas en altura (32.894 metros cuadrados) y dos sótanos (18.146 metros cuadrados). Esto supondrá contar con 33.241 metros cuadrados más de espacio respecto a lo que ocupan las sedes judiciales actuales.

Albergará la totalidad de los órganos judiciales unipersonales, que en la actualidad son 36 —a los que se unirá en junio el Juzgado de Instrucción 8—, así como las tres secciones de la Audiencia, la Fiscalía y las instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML), sedes que se encuentran dispersas en diez emplazamientos diferentes.

Se trata de un edificio moderno pero inspirado en la arquitectura tradicional de patios cordobesa y adaptado a las necesidades de la nueva Oficina Judicial, que supone una transformación profunda de la estructura judicial con innovaciones, como la creación de servicios comunes, en concreto un servicio común general, otro de Ordenación del Procedimiento, el de Ejecución de Resoluciones Judiciales y las unidades de apoyo directo. DISTRIBUCIÓN

La construcción del edificio se realizará siguiendo el proyecto redactado por la empresa Aguas y Estructuras SA (Ayesa), que ha supuesto una inversión de 2,9 millones de euros y que ya ha sido supervisado por la Junta.

La planta baja estará plenamente dedicada a la atención al ciudadano, con salas de vistas, el juzgado de guardia, el de menores así como los registros General y Civil. El primer piso también tendrá el mismo fin, con el salón de actos, el resto de salas de vistas y otro juzgado de menores, además del Servicio de Atención a la Víctima, y la clínica del Instituto de Medicina Legal.

En cuanto a la segunda planta, acogerá el servicio común de ordenación del procedimiento, así como la Audiencia Provincial, mientras que en la tercera planta estará el servicio común de ejecución de resoluciones judiciales y en la cuarta la Fiscalía, los juzgados y las unidades de apoyo directo. En el sótano irá el archivo, la parte del IML dedicada a patología forense, así como los detenidos y los servicios del edificio, mientras el sótano dos se destinará a los aparcamientos del edificio.