La diputada del Grupo Popular de las Cortes de Aragón, Yolanda Vallés, ha acusado a los grupos de PSOE y PAR, que sustentan al Gobierno autónomo, de tramitar el proyecto de Ley de Mediación Familiar sin respetar el procedimiento establecido en el Reglamento del Parlamento.

En rueda de prensa, la parlamentaria alcañizana ha asegurado que ambos Grupos "han roto la división de poderes", una de las claves del sistema democrático, tal y como establece la Constitución de 1978, al tramitar el dictamen de la Ponencia de este proyecto de ley sin apenas dar tiempo a los Grupos Parlamentarios para preparar su posición y el sentido de su voto.

Yolanda Vallés ha explicado que este martes ha tenido lugar la última reunión de la Comisión de Servicios Sociales y el dictamen se les ha entregado a los diputados populares tan solo una hora antes de que se celebrara la reunión.

La presidenta de la Comisión, la socialista Carmen Sánchez, ha propuesto, al inicio de la sesión, introducir este punto en el orden del día, con el apoyo de PSOE, PAR y CHA, mientras que el PP ha votado en contra. En la Comisión, la mayoría ha acordado remitir el texto al Pleno de la Cámara, que este jueves aprobará definitivamente esta iniciativa legislativa. El PP no ha votado este punto del orden del día de la Comisión.

La parlamentaria conservadora ha acudido al Reglamento de las Cortes para indicar que es preceptivo entregar estos dictámenes al menos 48 horas antes de que comience la Comisión, lo que en este caso no ha ocurrido.

De hecho, el artículo 81 del Reglamento, relativo a la 'Distribución previa de la documentación', dispone que "salvo acuerdo en contrario, debidamente justificado, de la Mesa de las Cortes o de la Comisión, ningún debate podrá comenzar sin que se haya distribuido, por conducto de los Grupos Parlamentarios, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, el informe, el dictamen o la documentación que haya de servir de base en el mismo".

Se ha producido una "vulneración de los derechos de los diputados", ha proseguido la representante del PP, quien ha negado todo valor al argumento empleado este martes por la presidenta de la Comisión de Servicios Sociales, la socialista Carmen Sánchez, que recurrió al artículo 79.4 del Reglamento parlamentario para decir que la Junta de Portavoces puede introducir un nuevo punto en el orden del día del Pleno antes de que se hayan cumplido los trámites, lo que Vallés ha considerado que no guarda relación con la obligación de cumplirlos.

El artículo 79 del Reglamento de las Cortes, dedicado a la "fijación del orden del día", indica que "a iniciativa de un Grupo Parlamentario o de la Diputación General, la Junta de Portavoces podrá acordar, por razones de urgencia y por unanimidad, la inclusión en el orden del día de un asunto que no hubiera cumplido todavía los trámites reglamentarios".

En la anterior reunión de la Junta de Portavoces, el jueves 17 de marzo, el Grupo Popular "fue responsable" y admitió que la aprobación de este proyecto de Ley se introdujera en el orden del día del Pleno de este jueves "pensando que el Gobierno llevaría a cabo una adecuada tramitación", lo que no ha ocurrido, ha indicado Vallés.

De ahí que Yolanda Vallés haya deducido que las Cortes no sean "la casa de la oposición", como se suele denominar a los Parlamentos, aludiendo a la función de control de los Ejecutivos.

Calidad democrática

Este modo de funcionamiento es "irregular" y denota la "progresiva pérdida de calidad democrática" de las Cortes, según ha opinado Vallés, quien ha expresado que "uno —con mayoría— puede aprobar una Ley, modificar una Ley, pero lo que nunca puede es saltarse la Ley", en este caso la Ley autonómica del Reglamento de las Cortes. En opinión de la diputada, "este Parlamento no deja de ser un apéndice del Gobierno" que preside el socialista Marcelino Iglesias.

Yolanda Vallés ha aseverado que el Ejecutivo PSOE-PAR está "acabado" y que ahora, a falta de una sola sesión plenaria de las Cortes, "tiene una gran necesidad de sacar aquello que no ha hecho en toda la legislatura".

Vallés ha rechazado "el concepto de PSOE y PAR de que las instituciones están al servicio del Gobierno" y ha proclamado que "la mayoría no avala todo". A esto ha añadido que "una Ley no puede considerarse un trofeo de ningún Grupo".

El proyecto de Ley de Mediación Familiar pretende poner en marcha un servicio público para facilitar la resolución de conflictos derivados tanto de las rupturas familiares y de pareja como de cualquier otro problema de carácter familiar, según señala el artículo 1 del mismo.

Se trata de un procedimiento específicamente extrajudicial. Los interesados participarán siempre de manera voluntaria y el mediador orientará a los afectados de manera "imparcial y confidencial" para facilitar "la comunicación y el diálogo" , entre las partes, lo que debe conducir a "la toma de decisiones consensuadas", según dispone el artículo 2.