Los tres grupos de la Cámara gallega han acordado este martes pedir a la Xunta que reclame ante el Gobierno central una modificación legislativa que permita a los ciudadanos, como regla general, saldar su deuda con una entidad bancaria con la entrega del inmueble hipotecado.

Así lo exponía una Proposición no de Ley presentada en el Pleno por la diputada del BNG Isabel Sánchez Montenegro y que ha sido transaccionada con las enmiendas de PSdeG y PPdeG y aprobada por unanimidad.

En la proposición defendida por la nacionalista se recordaba la situación de "total y absoluto desamparo" de las familias gallegas y españolas que, al no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca, se ven privados de la misma y contraen una deuda adicional con la entidad bancaria.

En este sentido, Isabel Sánchez ha recordado que, en caso de que, ante la ausencia de pago, el inmueble salga a subasta, de no tener comprador, la entidad bancaria puede adjudicárselo por el 50 por ciento de su valor y continuar reclamándole el importe restante al deudor.

"Además de perder su vivienda, estas familias tienen que enfrentarse a una condena financiera durante muchos años o el resto de su vida", ha señalado Sánchez Montenegro, que ha reclamado que se pueda saldar la deuda entregando el inmueble en los casos en los que se demuestre la "buena fe" del deudor, se trate de su residencia habitual y se demuestre la imposibilidad de saldar la hipoteca. ENMIENDAS

Por su parte, el Grupo Socialista ha propuesto que, en el caso de aquellas hipotecas ya firmadas en las que no sea efectiva esta modificación legal, se busquen "otro tipo de medidas" de mediación para el mantenimiento de la vivienda "a través de un alquiler", un texto que no ha sido incluido en la resolución final.

Además, la socialista Maria Xosé Caride, que ha defendido la enmienda, ha instado a "revisar" los procesos de subasta para evitar los "fallos de transparencia" que "limitan" los derechos de las familias y ha criticado en particular la posibilidad de que, tras una subasta desierta, el banco se quede con el inmueble por el 50 por ciento de su tasación.

Según ha señalado Caride, esta "necesaria" modificación evitaría, entre otras cosas, la exclusión social de las personas afectadas por impagos a hipotecas y la "economía sumergida".

Finalmente, el diputado Popular Alberto Sueiro ha sido el encargado de defender la enmienda presentada por el PPdeG, en la que se recordaba los acuerdos adoptados por unanimidad en el seno de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, relativos a la "posibilidad de establecer como regla general en los préstamos hipotecarios, y para los deudores de buena fe, que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados".

Alberto Sueiro, que ha reconocido que las responsabilidades "deben ser compartidas" entre usuarios y sistema financiero, ha criticado la "excesiva exposicion a riesgos" de los consumidores así como el "innegable desequilibrio" en la relación jurídica entre entidades y usuarios.