La suspensión del servicio postal decretada este lunes por Correos a raíz de los impagos de la Generalitat afecta ya a la inmensa mayoría de los 482 juzgados de la Comunitat Valenciana. Sólo una pequeña parte de los de Alicante ciudad se han salvado de una parálisis que desde la jornada del martes se ha extendido también a la Ciudad de la Justicia de Valencia.

La Conselleria de Justicia, cuyas competencias ejerce ahora Rafael Blasco, instó a Economía a elaborar un plan de pagos para saldar la deuda de más de 30 millones de euros que impide a los órganos judiciales enviar y recibir cartas. De hecho, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha recibido el compromiso por escrito del director general de Justicia, Antonio Gastaldi, para que este mismo miércoles se restablezca el servicio.

11 millones de euros al año

Este plan, según fuentes de Justicia, contempla el pago fraccionado durante tres años, de 2011 a 2013, de una cantidad que asciende a algo más de 11,13 millones de euros, correspondiente a la cantidad adeudada más los intereses de demora. El importe total de la deuda, que supera los 30 millones de euros, se ha ido acumulando desde el año 2005, si bien la mayor parte corresponde al periodo comprendido entre 2007 y 2009.

Desde el TSJCV subrayan que se trata de “un servicio esencial que no se puede suspender”. Las citaciones y notificaciones judiciales de esta semana empiezan a acumularse porque “no hay ninguna posibilidad de comunicación oficial entre los juzgados, es como un aislamiento repentino”, afirman estas fuentes oficiales.

No obstante, de momento no se han suspendido juicios ni comparecencias, dado que las programadas se hacen con antelación. El problema puede venir si la situación de incomunicación postal se alarga durante varias semanas.

Comisiones Obreras alertó de que esta situación puede derivar en un “inminente colapso judicial” en las ciudades de justicia de Castellón y Valencia si no se restablece pronto el servicio.

Posible extensión a más conselleries

No es la primera vez que los apuros financieros de la Generalitat le ocasionan problemas en el suministro de servicios. La propia compañía de Correos ya incluyó el pasado mes de octubre en su lista de morosos a los departamentos de Presidencia, Economía y Bienestar Social ante los impagos, y advirtió de que sólo atendería sus envíos postales si pagaban al contado. Fuentes sindicales mostraron ayer su preocupación de que el caso de Justicia provoque un efecto contagio en otras conselleries.