La consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha indicado que los presidentes del Gobierno, José Luis Roddríguez Zapatero, y de la Junta, José Antonio Griñán, con mucha inmediatez, han "encauzado políticamente la solución del Guadalquivir", buscando una solución transitoria, a través de una encomienda transitoria de gestión, que con carácter inmediato se pretende poner en marcha, y abordando una solución definitiva, que se "aventura muy compleja, en términos jurídicos y que tiene como objetivo un nuevo modelo de gestión que garantice la unidad de cuenca, la participación de otras comunidades y la máxima capacidad de decisión de la Junta de Andalucía en la gestión del río".

Ambos objetivos se van a debatir y acordar, según ha precisado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el seno de la comisión bilateral Estado-Junta de Andalucía, que se celebrará el día 30 de este mes, y que estará encabezada por el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y por ella misma en representación del Ejecutivo andaluz, que en estos momentos tiene la presidencia de turno.

En esa reunión se terminará de perfilar la encomienda de gestión, en la que ya trabajan tantos los servicios de la Abogacía del Estado como los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía y que será aprobada por el Consejo de Ministros. Se sentarán también las bases, según ha explicado Moreno, para avanzar en la "solución definitiva" del Guadalquivir.

El presidente de la Junta ha informado este martes ha trasladado a los líderes del PP-A y de IULV-CA el contenido de la reunión que mantuvo ayer con el presidente del Gobierno.

Ha insistido en que la voluntad política de los gobiernos español y andaluz está "perfectamente encauzada desde un diálogo que persigue un nuevo modelo que sea satisfactorio para todas las partes y para Andalucía". Ahora, según ha precisado, hay que encauzar la solución jurídica, lo que va a requerir un trabajo complejo, de "brocha fina jurídica", por la ausencia de precedentes que hay de una transferencia de este volumen e importancia.

Ha recalcado que lo primero es la seguridad jurídica que garantice la plena normalidad y legalidad de todo este periodo transitorio, hasta que se apruebe el nuevo modelo competencial y ejecutivo del Guadalquivir. Ha señalado que la fórmula de la encomienda de gestión va a servir para validar y para dar normalidad y plena legalidad a todo este periodo transitorio que se abre.

Ha precisado que la nulidad de un precepto no conlleva la nulidad de todas las actuaciones y, por lo tanto, la Junta entiende que este periodo previo va a estar perfectamente cubierto por ese principio de conservación de actos.

Respecto a la repercusión de la sentencia del TC sobre la Ley de Aguas, la consejera de Presidencia, ha indicado que va a resultar perfectamente operativa en un gran ámbito de su contenido y se verá afectada en lo que respecta al Guadalquivir, pero no al conjunto de las aguas intracomunitarias ni a muchos aspectos cruciales que tienen que ver con las competencias que la Junta tiene en materia de medio ambiente.

Parte de los análisis de "brocha fina jurídica" también se van a dirigir, según ha precisado, a la Ley de Aguas, que se va a ver también muy concernida por el "modelo final al que lleguemos".