El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) han presentado este martes una guía de orientación jurídica básica para los inmigrantes que se encuentran en Andalucía y en el resto del Estado español. La Guía para personas sin papeles —unas 56.000 en Andalucía— ha sido elaborada por el área de Inmigración de la Apdha y editada en colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz.

En rueda de prensa, el coordinador del área de inmigración de la Apdha, Carlos Arce, ha explicado que el objetivo de esta guía es "aportar una herramienta con un lenguaje sencillo y consejos prácticos para el ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas extranjeras en situación documental irregular". La guía está disponible en castellano y francés, se ha realizado una primera edición de 2.000 ejemplares y se le dará una amplia difusión digital entre todas aquellas instituciones y entidades que trabajan con el colectivo.

Arce ha dicho que desde la Apdha "consideramos especialmente adecuado presentar este nuevo recurso en esta semana donde se celebra el Día Internacional contra la Discriminación, ya que las personas extranjeras sin documentación representan a unos de los grupos sociales más vulnerables frente a los actos discriminatorios y de vulneración de los derechos fundamentales". "Y, por supuesto, también la vemos como un instrumento de denuncia y reivindicación de la necesidad de eliminar los obstáculos que determinan esta situación de falta de derechos básicos", resalta.

Además, ha añadido que a lo anterior se suma que la población de origen inmigrante "está sufriendo con especial rigor las consecuencias del actual contexto de crisis social y económica, aumentando sensiblemente la citada vulnerabilidad". En este sentido, ha informado que su tasa de desempleo es un tercio superior a la media —un 30% frente a un 20%—, lo que ha determinado que el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social se haya reducido en 250.000 personas en los últimos tres años y el número de autorizaciones de trabajo se desplomara entre 2005 y 2009 —de más de un millón a 360.000—.

Asimismo, ha apuntado que la percepción de la población española respecto a la inmigración "se ha ido degradando paulatinamente". De este modo, y según el Estudio del CIS 'Actitudes frente a la inmigración' de octubre de 2009, "el 77 por ciento de los españoles considera que el número de inmigrantes es elevado o excesivo; el 72 por ciento opina que la legislación de extranjería es demasiado tolerante; el 58 por ciento piensa que los inmigrantes recibe más del Estado de lo que aporta; el 35 por ciento relaciona inmigración e inseguridad ciudadana y un 30 por ciento valora directamente la inmigración como un fenómeno negativo o muy negativo".

"Esto ha provocado que personas extranjeras que llevaban años residiendo en España perfectamente integrados desde una perspectiva social y laboral hayan caído en la irregularidad o estén en riesgo de hacerlo debido a la pérdida de su empleo, enfrentándose también a un creciente rechazo social alimentado en gran medida por irresponsables mensajes políticos y mediáticos", destaca.

Por otra parte, Arce ha calificado de muy conveniente" esta guía ante las últimas modificaciones de la legislación de extranjería que "han recortado sensiblemente el reconocimiento de derechos básicos de las personas extranjeras en España y ciertas prácticas policiales y administrativas que dificultan sus ejercicio", una situación puesta de relieve por el último informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, que "insta al Estado español a cesar de inmediato las identificaciones y detenciones efectuadas exclusivamente por el perfil racial".

Además, dicho informe considera "discriminatoria" la normativa que afecta a la mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en situación documental irregular. Al respecto, Arce ha apuntado que las mujeres extranjeras víctimas de violencia "representan más del 30 por ciento a nivel nacional". Además, Naciones Unidas cree "necesario" que se apruebe un reglamento de CIEs que vele realmente por los derechos de los internos y garantice el acceso de los colectivos sociales a los mismos, entre otras recomendaciones.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz ha criticado "el discurso dual que se da a través de los partidos políticos y los medios de comunicación", que "dice que sin los inmigrantes el sistema de pensiones no funcionaría, y por otra parte se pone en marcha un programa de repatriación de inmigrantes", cuando "debajo solo está la lucha por un puesto de trabajo", enfatiza.

Se pide "el fin del acoso policial"

En segunda lugar, Chamizo ha lamentado "el acoso policial" que los inmigrantes sufren en algunas ciudades andaluzas, donde la Policía Nacional "va hasta la puerta de comedores, ONG o albergues de transeúntes para presionar a la gente". En este sentido, ha añadido que "este no es el camino y que no si no se detiene esta práctica, puede traer un conflicto de calado profundo", y pide que "por el bien de la sociedad y del colectivo inmigrante se acabe con la presión policial".

Al hilo de lo anterior, Arce ha asegurado que esta práctica "supone una vulneración directa del artículo 14 de la Constitución española", una situación "muy marcada en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y en ciudades andaluzas como Sevilla o Granada", donde "se ha dado un aumento de la presión policial desde la crisis", según han comunicado miembros de la Apdha en estos lugares, explica el coordinador del área de inmigración.