La agrupación carga contra la Junta que, desde su punto de vista, raya el delito al dejar el caso en manos del consejo escolar y al no exigir que los centros de enseñanza sean aconfesionales. Afirman también que se podría abrir la puerta a una dinámica muy peligrosa porque se legitima al consejo escolar a aprobar cualquier actuación dentro de las aulas.