El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha reclamado este lunes para la central nuclear de Santa María de Garoña, sita en el valle burgalés de Tobalina, el mismo tratamiento que para el resto de las plantas nucleares españolas que deben someterse, según ha defendido, a las nuevas medidas complementarias y de control que "con buen criterio" garanticen su seguridad "como es legítimo y es lógico".

"Aplíquense también en la central de Garoña y si como consecuencia de esos controles se dictamina la seguridad de la central vuélvase atrás —en referencia al Gobierno— en una decisión que en su momento se antojó caprichosa", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo regional, que ha insistido en que esta planta nuclear puede subsistir en el tiempo con unos controles reforzados y redoblados.

Herrera ha respondido de este modo a las declaraciones del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que ha dicho este lunes que "hoy por hoy" el Gobierno mantiene la fecha de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013, pero ha matizado que la decisión final dependerá de lo que ocurra con el resultado de las pruebas de resistencia que realizará el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Tras aceptar las nuevas medidas complementarias y suplementarias de control ante catástrofes como la registrada en Japón, Herrera ha pedido que una vez se realicen esos nuevos controles por las instituciones competentes, como es el caso del CSN, lo "lógico" es que el futuro de las plantas se sometan a esos dictámenes.

"Es lo que echamos de menos hace algunos meses cuando con arreglo a los varemos se seguridad en esos momentos obligatorios el CSN dictaminó la viabilidad de la prórroga de la central de Garoña para 10 años y por el contrario hubo una decisión puramente política que determinó el cierre en 2013", ha manifestado el presidente de la Junta, que se ha preguntado el motivo de fijar ese año como fecha de clausura.

"Si Garoña no es segura que se cierre inmediatamente", ha considerado Herrera, que ha insistido en que, si por el contrario, se demuestra que la central burgalesa es segura habría que dejar que subsista otros diez años porque detrás de esa planta nuclear está el futuro de 1.000 puestos de trabajo directos sobre los que "no se puede frivolizar".