La Fiscalía Anticorrupción ha modificado su escrito de acusación en el caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) al letrado José María del Nido, al que acusa ahora de nuevos delitos y modifica la pena solicitada respecto a otros, lo que supone una petición de 30 años de cárcel, frente a los 13 años y medio iniciales.

Así, el ministerio público acusa a Del Nido de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delito societario, falsedad documental y deslealtad profesional —por el que solicita cuatro años de inhabilitación para ejercicio de abogado—; todos ellos continuados; así como fraude y tráfico de influencias. Además, solicita penas de inhabilitación especial para cargo y suspensión para empleo público.

El fiscal ha explicado en la Sala que en el nuevo escrito, de unos 260 folios, se modifica la participación de Del Nido, al considerar que "tenía un dominio" del hecho delictivo "que impide la atenuación", por lo que las penas en los delitos de prevaricación y malversación de caudales, "que son los principales", se agravan y se equiparan a las pedidas para el exalcalde Julián Muñoz. La Fiscalía sostiene que Del Nido habría participado en la toma de decisiones.

Respecto a Muñoz, también se eleva la petición de cárcel, de 16 años y medio a 28 años de prisión, según fuentes fiscales, con una inhabilitación especial para cargo público de 18 años, al margen de la inhabilitación absoluta y la suspensión de empleo. Así, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa, malversación y delito societario, todos con carácter continuado; de fraude y de prevaricación de órgano colegiado.

Asimismo, la acusación pública elimina el delito de asociación ilícita, que afectaba a Del Nido, a Muñoz y a otros acusados, y el de malversación de bienes inmuebles; aunque se introduce uno nuevo de fraude, que afecta a ambos y a la letrada y exmujer del presidente del Sevilla, Ángeles Carrasco; y de tráfico de influencias, sólo para el letrado, en relación con la segregación del núcleo poblacional de San Pedro Alcántara.

Tanto el ministerio público como el letrado del Ayuntamiento de Marbella, personado en este caso, han retirado la acusación sobre uno de los 17 procesados, Antonio Calleja, auditor-contable de una sociedad municipal, por lo que el presidente del Tribunal, Carlos Prieto, le ha informado de que la Sala dictará sentencia absolutoria respecto a él. El Consistorio ha retirado la acusación también para otras dos personas, como son los exediles Juan Flores y Tomás Reñones.

Respecto a estos dos y a la también exconcejala Marisa Alcalá, el fiscal mantiene la acusación pero pasan a un tipo atenuado, lo que supone se cambia la pena solicitada. También se mantiene la acusación para el exasesor de Urbanismo y responsable de la sociedad municipal Planeamientos 2000, Juan Antonio Roca, para el que solicita seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, por un delito de malversación.

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga comenzó el 6 de abril de 2010 las sesiones del juicio, en el que Del Nido estuvo declarando durante 10 jornadas. Tras el interrogatorio de los procesados durante tres meses, la vista oral entró en la fase testifical, que finalizó la pasada semana con los últimos testigos. Está previsto que ahora presenten las defensas sus conclusiones y que el día 31 exponga su informe final el fiscal.

La causa se inició por la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio. El ministerio fiscal ha sostenido durante todo el proceso que la contratación de los servicios profesionales de Del Nido, sobre todo para ese proceso de fiscalización, "estuvo basada exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, "sin" el preceptivo expediente.

Así, ha considerado que se le adjudicaron los servicios y el ejercicio de las acciones concretas "mediante decretos inmotivados" y que se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales", con un comportamiento "despatrimonializador" y con encargos "costosos".

Del Nido, por su parte, siempre ha justificado su trabajo y ha asegurado que recibió órdenes de impugnar la fiscalización, pero no tuvo misión de retrasar la tarea ni obstaculizar la labor, negando que creara una espiral procesal para cobrar minutas que no debía.

Ha añadido que su actuación era "necesaria" y fue "efectiva", señalando que el Colegio de Abogados de Madrid y el Tribunal de Cuentas "han declarado que mi actuación profesional generó para el Ayuntamiento y para sus sociedades miles de millones de pesetas de beneficios".