El presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, asegura que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Castilla y León en referencia a las competencias sobre el río Guadalquivir y la cuenca del Duero, "es poner racionalidad y cordura en una materia, que la Constitución, trata de manera clara y diáfana, y que es competencia exclusiva del Estado".

Un tema que se ha convertido en los últimos años, apostilló en declaraciones a Europa Press, "en una locura, una esquizofrenia hidráulica porque había quien estaba empeñado en oscurecerlo y apropiarse de unos ríos que son de todos".

"Eso además está propiciando los deseos y ansias de apropiación que, por ejemplo, estábamos viendo en Castilla La-Mancha con respecto al Tajo y que está llegando a resultados verdaderamente disparatados", añadió.

De hecho, destacó Claver, "estaba cada vez más en alza esta apropiación de las cuencas hidrográficas", cuya competencia, ha insistido, "corresponde exclusivamente al Estado".

De tal forma, señaló el presidente del Sindicato Central de Regantes, "viene a confirmar la postura que nosotros hemos estado manteniendo durante estos años, porque, como no podía ser de otro modo, la competencia de las cuencas intercomunitarias corresponde de forma exclusiva al Estado".

Por último, Claver agradeció "mucho" a la comunidad autónoma de Extremadura su decisión y postura con el fin "de poner racionalidad y cordura en esta materia, por cuanto además iba en contra de Andalucía".

Lamenta que desde murcia no se presentaran recursos

En su día, el presidente del Scrats recordó que la organización insistió "mucho para que desde Murcia se formulara también un recurso contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía y Aragón" y que les consta que se hicieron algunos trabajos, pero finalmente no se llegaron a interponer, lo cual, a su juicio, "es una pena".

De lo que se trata aquí, ha subrayado en declaraciones a Europa Press, "es de mantener la postura desde Murcia de defensa de las competencias exclusivas del Estado y no queden espacios vacíos que luego son ocupados por quien no tiene competencias; es decir, por las comunidades autónomas".