Cáritas Española ha denunciado que los controles policiales de identificación de inmigrantes se han incrementado en un tercio de sus diócesis a lo largo del último año, tanto en sus propios proyectos y servicios asistenciales como en las inmediaciones de los centros, donde se asiste, entre otros, a 150.000 extranjeros en situación irregular, la cuarta parte de quienes, se calcula, se encuentran sin permiso de residencia en España.

Así lo han explicado el secretario General de Cáritas en España, Sebastián Mora, y la directora del Área de Desarrollo Social e Institucional de la organización, Ana Abril, en la presentación del informe 'La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas' 2010, que revela las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan estas personas a través de una encuesta a los voluntarios y empleados que trabajan con ellos.

Una de estas dificultades es el "aumento de los controles de identificación en los espacios públicos y en centros de Cáritas", porque, según explica el informe, se han incrementado en locutorios, parques e intercambiadores de transporte público, pero también "en los recursos y dispositivos" que la organización tiene "para la acogida de inmigrantes".

"Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado llegan con distinta periodicidad para solicitar información de carácter personal sobre los inmigrantes acogidos en los centros", señala el informe. En concreto, dos tercios de las Cáritas señalan que la policía entra una o dos veces al año; cinco señalan que se produce una vez por trimestre y en tres diocesanas (Canarias, Segorbe-Castellón y Mondoñedo-Ferrol) ocurre una vez al mes.

Mora ha explicado que los agentes "pueden estar buscando a una persona de determinada etnia o con determinadas características" y por eso se personan en los centros de Cáritas. No obstante, "si no hay delito ni orden judicial no se les dan los datos", ha destacado, para incidir en que los controles se producen "desde la normalidad de una conversación con el responsable del proyecto" y "sin ninguna violencia" porque "éste no es un estado policial".

Con todo, para la organización, "no es bueno ni conveniente" que se realicen estos controles de "identificación selectiva" que, por tanto, son "discriminatorios" y, según el informe, "reflejan una política migratoria preocupada por lanzar un mensaje a la sociedad española de control de la migración irregular y de eficacia en la expulsión visibilizando al migrante en situación irregular como un presunto delincuente".

Irregularidad sobrevenida

Por otra parte, el informe indica con datos de Comisiones Obreras que en España viven entre 400.000 y 800.000 inmigrantes en situación irregular. En total, Cáritas atiende a unos 400.000 extranjeros y de ellos, 150.000 no tienen los papeles. La organización destaca que esta cifra se ha incrementado en un tercio en 2010 por el aumento de personas que han perdido su permiso de residencia al perder el empleo.

"Nuestros servicios constatan con alarma el preocupante incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida" por la que "un tercio de los inmigrantes a los que acompañamos se han quedado en una situación administrativa de irregularidad" y "la causa principal ha sido la rigidez en las condiciones exigidas para la renovación", señala el informe.

En este sentido, Cáritas denuncia que estas situaciones "son más graves de lo que han sido nunca, porque no sólo afectan al migrante, sino a todos los reagrupados vinculados con él; personas que por falta de previsión son condenadas a vivir en la clandestinidad, abocadas a trabajar en la economía sumergida". Sobre este asunto, el informe destaca, además, "la precarización y la explotación laboral" que están sufriendo muchos inmigrantes fuera del mercado regular.

"Hay más de 500.000 personas en la economía sumergida y de ellas, sólo la quinta parte se encuentra en situación irregular", ha señalado Abril, para incidir en que "se están multiplicando los casos de explotación laboral" sobre los extranjeros y reclamar un plan nacional contra la trata de personas con estos fines y soluciones para su regularización.

Sin padrón,

Sin derechos

Por otra parte, el informe revela que siguen existiendo trabas en los ayuntamientos para empadronar a los inmigrantes, a quienes se les exigen más requisitos de los que marca la ley, como que todos los habitantes de la vivienda figuren en el contrato de alquiler o que sea reciente la cédula de habitabilidad, lo que tendría que pagar el inmigrante.

"La mayoría de las barreras son motivadas por una dudosa interpretación de la legislación vigente, lo que desvirtúa la propia naturaleza del Padrón", explica el informe, que exige al Gobierno que garantice el acceso a este registro de los ayuntamientos.

Además, la organización reclama un cambio normativo que proteja a las familias de las "graves situaciones que están sufriendo en relación con la vivienda y el sobre endeudamiento", piden un incremento presupuestario para los programas de integración ante la "regresión" que aseguran, se ha producido con la crisis; y reivindican un acuerdo marco por la inmigración para sacar este asunto del debate político y fortalecer a las administraciones en la lucha contra la xenofobia.