El Consell de Mallorca, en el escrito de calificación que ha presentado como acusación particular en el marco del caso Can Domenge, tilda de "desleales" a los cuatro ex altos cargos insulares de UM que se sentarán en el banquillo por cometer, con la adjudicación presuntamente irregular de estos terrenos, "uno de los mayores atentados contra la ordenación del territorio de Palma". Es más, acusa a la ex presidenta Maria Antònia Munar de "deshonrar" el cargo que ostentaba en la Corporación supramunicipal.

A lo largo de 56 páginas, la Institución insular desgrana de forma pormenorizada los hechos investigados en este procedimiento y que la acusación remonta "como mínimo a 2004", cuando la empresa adjudicataria de la finca, Sacresa, comenzó a interesarse por la adquisición de los solares. En un duro escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, asevera incluso que los ex 'uemitas' "se recrearon en un contumaz e inexcusable ejercicio de deslealtad para con sus conciudadanos, el Consell y especialmente con el imperio de la Ley".

Tanto es así que el Consell solicita nueve años de prisión para Munar, el ex vicepresidente de la Institución Miquel Nadal, los ex consellers Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer, y el abogado externo de Sacresa, Santiago Fiol, por los presuntos delitos de fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones. Mientras tanto, reclama 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa, Román Sanahúja, por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.

La acusación particular sostiene que ya a finales de 2004 comenzó a gestarse el "concierto" de los seis encausados, aunque subraya "habría que esperar todavía unos meses para que sus funestas intenciones se concretasen en el ominoso resultado por el que son acusados". Entre los momentos en que centra sus acusaciones, el Consell señala que, una vez impulsado el proceso, abril de 2005 se presentó "crucial" para las "maquinaciones" de los acusados cuando Flaquer propuso que se desestimasen las alegaciones presentadas contra la desafectación de la finca -previo a la enajenación-.

Un mes después, prosigue la Institución, Vicens remitía un escrito dirigido a Flaquer para solicitar que se iniciasen los trámites de la venta, justificándola en la necesidad de conseguir financiación para la isla y cumplir con las previsiones del Plan Territorial. Un documento que "constituía otro hito de especial relevancia en la fraudulenta estrategia de los acusados, pues suponía dirigir necesariamente la enajenación hacia la forma del concurso", lo que implicaba que el precio a percibir por el Consell "por su bien de mayor valor iba a verse drásticamente reducido".

Así las cosas, la acusación abunda que "había llegado el momento para Munar y sus subordinados de reunirse con Sacresa y dar parte de las últimas gestiones", para lo cual contaban "con la ayuda incondicional de Fiol, que ejercía de enlace entre ambos extremos". Una "confabulación" y una transmisión de información hacia la que sería futura adjudicataria gracias a las cuales conocía Sacresa que el concurso de la finca "era inminente". Lo cual permitió confeccionar "el traje a medida" para la mercantil, a la que se adjudicada la enajenación en junio de 2006 por 30 millones de euros.

En su escrito, el Consell reclama por tanto la restitución de la propiedad de la finca y una indemnización por los intereses generados de la suma de 30,1 millones de euros. De no ser posible la devolución, la acusación pide que de forma subsidiaria se indemnice con 30,1 millones más intereses por parte de los acusados, Sacresa y Ferrà Tur, que también formaba parte de la UTE adjudicataria de los terrenos.