La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha afirmado que la prohibición de concertar créditos a las entidades locales es una "medida injustificada" en Navarra ya que sus ayuntamientos tienen, en general, unos niveles de endeudamiento "relativamente bajos".

El presidente de la FNMC, Jesús María García Antón, acompañado de los vicepresidentes Francisco Javier Sanz y José María Irisarri, ha expresado la postura de la entidad contraria al anuncio del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley navarra que permite endeudarse a los ayuntamientos en 2011, una decisión que respeta, y ha opinado que "invade" las competencias que el Amejoramiento atribuye a Navarra.

Según ha expresado, la suspensión en este momento de la capacidad de las entidades locales de Navarra para concertar créditos puede causarles un "serio e injustificado daño" y ha recordado que actualmente están en el momento central de la ejecución del Plan Cuatrienal de Inversiones Locales.

Ha expuesto así que las obras que ejecutan los ayuntamientos en el marco del Plan se financian en una media del 70 por ciento con cargo al Fondo de Haciendas Locales. El resto, un porcentaje que oscila entre el 30 y el 10 por ciento debe ser financiado por otras vías, y generalmente, con cargo a créditos.

A su juicio, "impedir ahora a los ayuntamientos el acceso a dichos créditos supondría que muchas entidades locales no podrían ejecutar las obras programadas, por falta de recursos para cubrir el citado 30 por ciento y que otras se encontrarían con problemas para pagar a los contratistas el precio de obras que ya están iniciadas".

García Antón ha señalado que, aunque el grueso de las obras municipales se enmarcan en el Plan Cuatrienal, el cierre del acceso a la financiación vía créditos afectaría además a otras obras como edificios e instalaciones culturales y deportivas o de servicios sociales o de otro tipo.

El presidente de la FNMC ha indicado que los "efectos negativos" para las entidades locales "tendrían también una seria repercusión en el tejido económico y social de la Comunidad foral". "Paralizar o no acometer obras supondría ahondar sin motivos justificados la crisis en el sector de la construcción, a la vez que perjudicar el empleo de Navarra y contribuir al aumento del paro", ha dicho.

Ha afirmado García Antón que la ley que ahora quiere recurrir el Gobierno central establece controles a los ayuntamientos a través del departamento de Administración local, "que debe autorizar la concertación de los créditos cumpliendo la normativa foral de aplicación y los objetivos para la reducción del déficit público correspondiente al año 2011 definidos en el Real decreto ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público".

La FNMC ha mostrado su confianza en que el Tribunal Constitucional desestimará el recurso porque está "convencida" de que "Navarra tiene capacidad para regular lo relativo al endeudamiento municipal, en el marco de sus competencias en materia de régimen local".

Ha expresado además su "absoluto e incondicional" apoyo al Gobierno de Navarra y al departamento de Administración local como "promotores de la disposición que permite a los ayuntamientos acudir a la vía del crédito para financiar las partes de sus inversiones que no están cubiertas por otras vías".