El PSOE alega en su demanda contra Rafael Domínguez que no hay "el menor indicio" de financiación ilegal

El PSOE de Sevilla defiende en la demanda de acto de conciliación previa a una querella por injurias y calumnias promovida por los socialistas contra el presidente del comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), que "no existe el menor indicio de la imputación realizada" por el dirigente sindical, en alusión a las declaraciones en las que señalaba la posibilidad de que tras las dos prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos se ocultase una trama de financiación ilegal del PSOE.

El PSOE de Sevilla defiende en la demanda de acto de conciliación previa a una querella por injurias y calumnias promovida por los socialistas contra el presidente del comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), que "no existe el menor indicio de la imputación realizada" por el dirigente sindical, en alusión a las declaraciones en las que señalaba la posibilidad de que tras las dos prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos se ocultase una trama de financiación ilegal del PSOE.

Tales declaraciones, según el escrito de demanda de acto de conciliación recogido por Europa Press, habrían sido "realizadas con evidente publicidad y con temerario desprecio a la verdad", pues "no existe el menor indicio de la imputación realizada y es radicalmente falso que el PSOE tenga nada que ver con las irregularidades de la tramitación de los ERE de Mercasevilla". A tal efecto, en esta demanda de conciliación previa a una querella por posibles delitos de injurias y calumnias, los socialistas sevillanos reclaman que el presidente del comité de empresa del mercado central "se avenga a reconocer que las declaraciones han podido ser calumniosas o injuriosas" y "rectifique" admitiendo que tales manifestaciones públicas "carecen de veracidad".

Entretanto, el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla ha fijado para el 14 de abril el acto de conciliación correspondiente a esta demanda, un paso previo a la posible querella por presuntos delitos de calumnias e injurias que los socialistas habrían de formular contra este dirigente sindical.

Rafael Domínguez ya había lamentado que la cúpula provincial del PSOE promoviese esta querella, porque las mencionadas declaraciones constituían una "opinión personal" ya expuesta públicamente tanto por el PP, como algunos "columnistas" en los medios de comunicación a cuenta de las dos prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla.

La prejubilación de santoyo

El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 en el mercado central de abastos de Sevilla, de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo, figuraba entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la posible comisión de un delito societario a manos de los antiguos directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ambos imputados en estas actuaciones y en otras dos líneas de investigación existentes en torno a la anterior gestión del mercado central de abastos. En concreto, aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había autorizado diversos libramientos para sufragar las prejubilaciones, cuyo coste global se eleva a 9.046.976,95 euros, la Consejería de Empleo entiende "huérfanos" de sustento jurídico los documentos firmados por Guerrero.

A tal efecto, las prestaciones implicadas en las prejubilaciones pactadas en el ERE han quedado paralizadas, toda vez que en dicho procedimiento figura, en calidad de prejubilado, un ya ex miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en el mercado central de abastos. Este hombre, Antonio Garrido Santoyo, ha dimitido de su cargo orgánico en el PSOE a la espera de que sean esclarecidas estas circunstancias.

También en el ere de 2003

Igualmente, en el ERE de 2003, autorizado e incentivado por la Junta de Andalucía, figura como aspirante a la prejubilación una mujer identificada como María del Carmen Fontela González, quien como ha quedado constatado, nunca ha trabajado en el mercado central de abastos. El nombre de Fontela González figura en el 'estudio de prejubilaciones' del expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por el mercado central de abastos y en el protocolo de colaboración, aunque finalmente su prejubilación no fue consumada en esta empresa, sino en el restaurante Río Grande pese a que tampoco había formado parte jamás de su plantilla.

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