La proposición de ley de iniciativa legislativa popular por la que se establece y regula un red de apoyo a la mujer embarazada será tramitada en la Junta General en la próxima legislatura, según ha confirmado un de sus impulsores, el presidente del Foro Asturiano de la Familia Ángel Mario Díaz. Al tratarse de una iniciativa legislativa popular, el texto se recuperará en el Parlamento autonómico tras las elecciones autonómicas.

La Ley de 5 de junio de 1984 reguladora de la iniciativa popular señala en su artículo 15 que "los procedimientos de iniciativa legislativa regulados en la presente Ley que estuvieran en tramitación en la Junta General del Principado, al disolverse ésta no decaerán, pero podrán retrotraerse al trámite que decida la Mesa de la Cámara sin que sea preciso en ningún caso ejercitar nuevamente la iniciativa".

Ángel Mario Díaz ha señalado que de momento se están cumpliendo todos los plazos. Ha apuntado que en el actual escenario político en Asturias, con una mayoría sustentada por PSOE e IU, lo tenían "muy difícil" y confía en que tras las elecciones pueda surgir un Parlamento que apoye la iniciativa. "Somos optimistas", ha comentado Díaz en declaraciones a Europa Press.

Se trata de una iniciativa impulsada por el presidente del Foro Asturiano de la Familia y otras organizaciones como las asociaciones Unidos por la Vida, Madres Asturianas en Riesgo (MAR) y RedMadre Asturias. Tienen solicitado a los distintos partidos políticos y grupos parlamentarios una reunión sobre este asunto, pero todavía no les han contestado.

"Es una iniciativa de progreso, no va en contra de nadie, simplemente supone un apoyo a la mujer embarazada, para que no haya riesgo de exclusión social", ha comentado Díaz. En este sentido, ha añadido que ningún partido que defienda a la mujer puede rechazar esta inicativa.

La proposición consta de una exposición de motivos, diez artículos, una disposición adicional y otra disposición final. El artículo 4 establece que se prestará "especial atención" a la embarazada adolescente y señala que toda embarazada menor de 30 años "tendrá derecho a una asistencia específica que incluirá al menos, las siguientes prestaciones: Educación para la maternidad, apoyo psicológico antes y después del parto y asistencia singular en el centro escolar para adecuar su plan d estudios al embarazo y la maternidad".

Según la proposición, la embarazada adolescente tendrá derecho a una adecuación de los horarios y planes escolares a sus necesidades durante el embarazo "y en los dos años siguientes al parto". En este sentido, se establece que las autoridades educativas "velarán por el perfecto cumplimiento de esta previsión y arbitrarán los medios y medidas necesarias para hacer posible la optimización del rendimiento académico de la embarazada de forma compatible con las exigencias derivadas del embarazo y la maternidad".

Además, el artículo 8 señala que el Gobierno del Principado elaborará en el plazo de seis meses un plan integral de apoyo a la embarazada que incluirá, entre otras acciones y objetivos, "campañas dirigidas a los varones, especialmente los adolescentes, para motivarles a asumir su responsabilidad como causantes del embarazo, transmitiendo lo injusto de dejar a su pareja sola ante el embarazo". "Los hombres no padecen el síndrome posaborto, pero pueden ser los responsables de que lo padezcan las mujeres con las que han mantenido relaciones sexuales si no son solidarios con su embarazo", añaden en el mismo artículo.

La proposición de ley incluye una disposición adicional única que dice que "la presente ley no genera en sí obligaciones económicas específicas para el Principado de Asturias. No obstante, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma podrán consignarse créditos para impulsar con cargo al Principado las políticas previstas en la misma". La disposición final establece que la ley entrará en vigor el 1 de enero del ejercicio siguiente a su aprobación.

En la 'Exposición de motivos' de la norma, se recuerda que en 2008 se produjeron en Asturias 1.679 abortos. "Es decir cada año casi 2.000 mujeres en nuestra Comunidad se ven abocadas al aborto porque nuestra sociedad no ha sido capaz de ofrecerles alternativas reales no traumáticas", señalan.

"Una sociedad que deja sola y abandonada a la mujer ante los problemas reales que le puede generar un embarazo imprevisto no es una sociedad justa que responda a los requerimientos propios de una democracia avanzada en un Estado social como exige nuestra Constitución", señala el texto, que añade que una política pública de apoyo a la mujer embarazada que la ayude a poder optar en libertad por la maternidad "supone alcanzar mayores cotas de justicia social y ayudará a sensibilizar a nuestra sociedad sobre la importancia y el valor personal y social del embarazo y la maternidad".