Junta apunta "maraña jurídica" en EMED Tartessus que impide autorizar su funcionamiento y le exige "legalidad"

Los alcaldes de la Cuenca Minera piden a los trabajadores que abandonen el encierro y "no se dejen utilizar como arma de presión"
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jimé
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jimé
EUROPA PRESS/JUNTA
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jimé

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, ha apuntado este viernes que hay "una maraña jurídica" en la empresa EMED Tartessus —filial del grupo chipriota EMED Mining Public Limited y gestora de la mina de Riotinto en la localidad de Minas de Riotinto— que impide que la Administración "pueda autorizar su funcionamiento", después de que este jueves se encerraran cuatro mineros en un pozo abandonado de la mina EMED Tartessus a más de 200 metros de profundidad para reclamar un posicionamiento "claro" de la Junta de Andalucía sobre la reapertura de la misma.

En rueda de prensa para informar, junto al consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, sobre una campaña para la implantación de ecobolsas en los comercios andaluces, Manuel Alfonso Jiménez ha asegurado que "no deja de ser preocupante que una empresa no sea capaz de demostrar a la Administración con toda la documentación necesaria, que puede ser titular de los derechos que tiene que tener para explotar una mina".

El delegado onubense ha insistido en que "cuando se cumpla la legalidad", la Junta autorizará el funcionamiento de la mina, mientras tanto, no de podrá autorizar la puesta en funcionamiento de la mina de Riotinto ni de otra actividad".

Por su parte, los alcaldes de la Cuenca Minera han pedido a los representantes de los cuatro trabajadores de EMED Tartessus que se encuentran encerrados en contramina que éstos abandonen el encierro que mantienen porque "es contraproducente con el proceso de negociación abierto y en el que está trabajando de manera seria y rigurosa la Junta de Andalucía" y les han instado a "que no se dejen utilizar como arma de presión".

Asimismo, les han transmitido su preocupación por el estado de salud de los cuatro operarios al encontrarse encerrados a 200 metros de profundidad de forma indefinida.

Han mostrado su disconformidad con la actitud de la empresa que, según han conocido de boca de los propios trabajadores, ha amenazado sus derechos con medidas drásticas como la posibilidad de un ERE si no se desbloquea el proceso de apertura de la mina.

En este sentido, los máximos ediles de la Cuenca Minera han insistido en que la empresa "debe presentar de una vez por todas los documentos necesarios para cumplir la ley y permitir de esta forma la apertura de la mina con todas las garantías exigibles".

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