El secretario general del PSPV-PSOE de Castellón y concejal, Pep Grau, ha instado a la Subdelegación del Gobierno a solicitar a la Abogacía General del Estado la destitución de la abogada del Estado jefa en Castellón, Bárbara Aranda, por recurrir fuera de plazo la prescripción de cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se acusa al presidente de la Diputación, Carlos Fabra.

Los socialistas recuerdan en un comunicado que la Audiencia de Castellón "ha rechazado el recurso de la acusación pública que representa al Estado contra la prescripción de cuatro de los cinco fraudes fiscales de los que se acusa al concejal y presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por haberse presentado fuera de plazo".

"Los funcionarios públicos deben asumir la responsabilidad por los fallos de su gestión", ha apuntado Grau, quien ha reclamado que se "depuren las responsabilidades pertinentes" por la actuación de la abogada del Estado. En su opinión, la "falta de diligencia" en el cumplimiento de su labor "impedirá que la Abogacía de Estado defienda el enjuiciamiento de Fabra por los cinco delitos fiscales que se le imputan y por los que, presuntamente, defraudó a Hacienda 900.000 euros".

"La actuación a destiempo de Aranda, además, impedirá al Estado reclamar 2,6 millones de euros a Fabra en concepto de multa", ha señalado el concejal, quien ha añadido que la Abogacía del Estado "reclamaba el triple del supuesto fraude cometido, mientras que Fiscalía Anticorrupción pidió, como multa, el doble de lo defraudado". Ahora, -ha dicho- "la Abogacía del Estado sólo tiene la opción de adherirse a los recursos presentados, dentro del plazo previsto, por la Fiscalía Anticorrupción y por la acusación popular".

Según ha indicado, "es inaceptable que un personaje público de la catadura moral de Fabra se esté aprovechando de los errores o negligencias de la Administración de Justicia para intentar salir indemne de las graves acusaciones de corrupción que se le imputan", y ha añadido que "la consecuencia más grave es la repercusión que estos sucesos tienen en la opinión pública, que acaba considerando que la Justicia no es igual para todos".