El consejero de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha cesado este miércoles al director del Servicio Provincial de Industria de Zaragoza, Francisco Javier Hualde, por su implicación en la 'Operación Minas', en la que figuran como imputados seis funcionarios por su presunta participación en delitos de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas y falsedad documental.

Además, tres familiares directos de Hualde y cuatro empresarios del sector de la minería, también han sido imputados.

En una rueda de prensa en Zaragoza, Aliaga ha informado de que, además del cese, que se ha comunicado al funcionario por escrito en un documento que se ha entregado en mano, "voy a elevar al Consejo de Gobierno un acuerdo para personarnos como acusación particular en la causa".

Aliaga ha incidido en que "el consejero ha hecho lo que tenía que hacer y lo que marca la legislación que tiene que hacer, que es supervisar el perfecto funcionamiento de las áreas administrativas bajo su competencia y limitarse a hacer lo que tiene que hacer desde el punto de vista administrativo".

El titular de Industria ha indicado que el inicio del proceso fue una denuncia que le trasladó, en mayo de 2006, un ingeniero que trabajaba en una empresa privada, y en la que le advertía de supuestas irregularidades en el área de Minas del Servicio Provincial de Zaragoza, en concreto, "denunció que algún funcionario le había pedido que cambiase de director facultativo en su explotación porque si no no se le iba a autorizar el expediente".

Tras conocer los hechos, el Departamento de Industria instruyó un expediente que desembocó en agosto de 2007 en una suspensión de empleo y sueldo de seis meses al citado funcionario que, tras cumplir la sanción, volvió a trabajar pero a otra área "porque es funcionario y se le sanciona por abuso de autoridad, al exigir algo que no estaba en las leyes".

A raíz de la instrucción del expediente, el Departamento tuvo conocimiento de anomalías adicionales en el área de Minas "que podían ir más allá de una responsabilidad administrativa", por lo que el 16 de septiembre de 2007 se designó a técnicos del Departamento para llevar a cabo un informe detallado sobre las posibles irregularidades cometidas por personal que prestaba sus servicios en el Departamento en materia minera.

Revisión de 200 EXPEDIENTES

Este informe incluyó la revisión durante un año de más de 200 expedientes de minas tramitados por el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, de los que alrededor del 25 por ciento contenían presuntas irregularidades, mayoritariamente de áridos y que ver con "plazos, fechas o unos expedientes más nuevos cambiados por otros mas antiguos".

Aliaga ha incidido en que "todo esto se ha hecho con cautela para no despertar recelos, porque entonces no habríamos llegado a donde hemos llegado".

Además, el consejero ha informado de que ordenó la reestructuración del personal en el área de minas como medida de precaución y se avocaron a la Dirección General de Energía y Minas las competencias en materia de minas que hasta entonces tenían los tres servicios provinciales de Industria, Turismo y Comercio mediante el Decreto 114/2008 del Gobierno de Aragón.

A partir de entonces, todas las autorizaciones en esta materia pasan a depender de la citada Dirección General y no de directores de servicios provinciales "para tenerlas cerca del consejero".

Una vez conocido el informe elaborado por los técnicos del Departamento de Industria sobre el asunto, el consejero decidió trasladarlo a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en octubre de 2008, cuyo resultado ha sido conocido en parte este miércoles.

Aliaga ha indicado que en el Departamento se tramitan al año 50.000 expedientes, en la investigación se han analizado alrededor de 200 expedientes del área de minas de manera aleatoria. En este área hay seis imputados y, según ha indicado el consejero, trabajan alrededor de doce funcionarios.