La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha apuntado en un reciente auto a la "actividad falsa" urdida por el ex asesor jurídico del Ayuntamiento de Andratx, Jacobo Rodríguez Miranda, así como por dos imputados más en una de las piezas del caso Andratx, con el objetivo de conseguir que el Consistorio avalase la concesión de una licencia que permitiera la construcción ilegal de un chalet unifamiliar de nueva planta en terreno protegido.

Mediante esta resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el órgano judicial rechaza los recursos de apelación que interpusieron tanto Rodríguez Miranda como el arquitecto Joaquín Ozonas y la propietaria del terreno, María Porcel, contra el auto dictado por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción de esta pieza, la número 4, y decretaba su pase a procedimiento abreviado para que las acusaciones pudieran presentar sus escritos como paso previo al enjuiciamiento de estos imputados.

El auto del tribunal, presidido por la magistrada Margarita Beltrán, es contundente cuando, al referirse a la actuación del ex asesor jurídico, asevera que éste emitió un informe jurídico favorable a la concesión que "faltó a la verdad", al basarse en el proyecto básico que anteriormente había presentado Ozonas y del que "se podía deducir la ilegalidad de la construcción" por haber "falseado" los datos del proyecto a fin de darle "una apariencia de legalidad".

"Razonablemente", prosigue la resolución en relación a Rodríguez Miranda, "pudo participar en alguno de los delitos cuando informó favorablemente la licencia que la Ley prohibía siendo su misión, precisamente, velar a través de sus informes por el cumplimiento de la legalidad".

En concreto, se trata de unos hechos por los que también será juzgado el ex jefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, para quien la Fiscalía solicita seis años y medio de prisión por informar a favor de la licencia y le acusa de un delito contra la ordenación del territorio, otro de falsedad en documento oficial y un último de prevaricación. Mientras, pide dos años de cárcel para el celador municipal Jaime Gibert, seis meses para Rodríguez Miranda, tres años y diez meses para Ozonas y tres años y cuatro meses para Porcel.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los letrados Josep de Luis e Isabel Fluxà en representación del Consistorio 'andritxol', reclama seis años de privación de libertad para Massot, quien ya cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otras dos piezas separadas de esta compleja causa. Asimismo, pide cinco años y ocho meses contra Gibert, cuatro para Ozonas y uno para Rodríguez Miranda.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público postula que cuando Porcel suscribió el contrato de compraventa de su finca por 12 millones de pesetas, en julio de 2001, ésta iba condicionada a la obtención de una licencia de obras para construir una vivienda, pese a que el terreno se ubicaba en un Área Rural de Especial Interés (ANEI) y por tanto era imposible legalmente autorizar la ejecución, dado además que en ese momento no existía vivienda alguna que pudiera reformarse sino tan sólo fragmentos de unos muros en ruinas desde hacía más de 20 años.

Así las cosas, Porcel encargó a Ozonas, arquitecto de su confianza, la redacción de un proyecto que posibilitase obtener la licencia, y que faltó "intencionadamente a la verdad" al simular que preexistía una vivienda y que las obras pretendían reformarla, a lo que se añadieron planos con elementos constructivos inexistentes, tras lo cual Massot, en febrero de 2002, informó favorablemente de la licencia a sabiendas de que era "contraria a derecho". Tras ello, Rodríguez Miranda emitió un informe jurídico favorable a la concesión.

Gibert siguió "órdenes expresas de massot"

Finalmente, Gibert emitió un informe, ya en abril de 2005, en el que hacía constar que las obras se habían ejecutado conforme a las licencias otorgadas pese a saber que "no era cierto", siguiendo "órdenes expresas de Massot". "No solamente no realizó acto alguno para impedir la edificación sino que omitiendo su obligación legal de perseguir obras ilegales y delictivas llevó a cabo cuantos actos eran necesarios para posibilitar que los promotores realizaran y legalizaran su edificación ilegal", postula Anticorrupción.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclaman la demolición de las obras levantadas de forma presuntamente irregular, además de declarar la nulidad de las licencias administrativas otorgadas para el proyecto básico y el de ejecución. El juicio por estos hechos estaba fijado para los pasados 14 y 15 de diciembre aunque fue finalmente suspendido a la espera del pronunciamiento de la Audiencia.