La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado este miércoles que la Intervención General, dependiente de la consejería que dirige, "ha cumplido con su papel en todo momento", respondiendo así a las informaciones publicadas que apuntan que este departamento emitió tres informes entre 2005 y 2007 en los que consideraba como no adecuado el procedimiento administrativo utilizado por la Consejería de Empleo para la concesión de las ayudas.

En este sentido, ha explicado que la Intervención General tenía establecido por Ley de Hacienda un control financiero permanente y "lo que ha dicho es que existía un procedimiento considerado que debía ser diferente, pero en todo caso puedo auditar el proceso, seguirlo y hacer recomendaciones como es normal en el proceso de control financiero permanente sobre el conjunto de las empresas públicas".

La responsable de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha hecho estas declaraciones a los periodistas durante su visita a la nueva sede del Centro de Prevención de Riesgos Laborales ubicado en la capital malagueña, donde ha estado acompañado por el consejero de Empleo, Manuel Recio.

Por su parte, Recio ha incidido en que el Gobierno andaluz se está comportando "de manera ejemplar en este sentido con la máxima transparencia y colaboración con la Justicia". "Siempre hemos llevado la delantera, anticipándonos a los acontecimientos y yendo más allá en la aportación de documentos e informes de los que en sede judicial se nos puede estar pidiendo".

En este sentido, ha aseverado que el caso de los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos públicos "no está haciendo mella ninguna" en el Ejecutivo autonómico. Por el contrario, ha asegurado que están "sorprendidos" por la actitud del Partido Popular y de Arenas —presidente de la formación en Andalucía—

El consejero ha apostillado que Arenas "sufre el síndrome de despeñaperros: aplica en Andalucía unos criterios diferentes a los del resto de comunidades autónomas", poniendo como ejemplo, en este sentido, el caso del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.