El presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Mariano García, ha asegurado que ante la actual situación de recesión económica, en donde la Administración pública "está haciendo lo que puede", la propia institución que dirige "ha hecho sus restricciones y adoptado medidas de racionalización y contención del gasto para acomodarse a las circunstancias y sin que los funcionarios hayan protestado en absoluto" sino todo lo contrario, "han trabajado para que este año hayan salido más dictámenes que nunca".

Así lo ha puesto de manifiesto en el acto de presentación y firma de la Memoria de Actividades 2010 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que ha contado con la presencia del jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel; y el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, entre otros.

Según García Canales, "las dificultades económicas están en la base de todo, tanto en el trabajo de los funcionarios que en este Consejo no se ha notado, como en otras relaciones jurídicas, como los problemas con la contratación pública".

Al respecto, ha precisado que el que la Administración "haya anulado contratos que estaban en vigor por dificultades de contratistas es una cosa que se ha visto muy reciente y creciente en este año", aunque, ha apuntado, "son dificultades que no dependen de nosotros, ya que tratamos que sea equilibrado y proporcional".

Precisamente, ha argumentado, "los difíciles momentos por los que atraviesa la economía han tenido su reflejo en Murcia, al disminuir los créditos presupuestarios que hacen posible el desarrollo de la actividad de los poderes públicos".

Es por ello por lo que ha reclamado que la sociedad en general preste atención a esta situación, que "alcanza a las economías de todos los países europeos y que en el caso de España, las finanzas se han situado al límite por las pérdidas de recaudación de los principales impuestos, entre otras razones".

De ahí que haya considerado que ninguna administración "está facultada para incumplir las determinadas normativas en las que se concreta el principio de estabilidad presupuestaria regulada en la ley, sino que más bien debe cundir una solidaridad estrecha y recíproca para la colaboración y el buen entendimiento, ya que los ajustes deben involucrar a todos los niveles de Gobierno, particularmente en países muy descentralizados como España".

Por su parte, el presidente murciano ha hecho también alusión a la actual situación de crisis que soporta España en general, y la Región de Murcia en particular, "agravada por las deficiencias que provoca el Sistema de Financiación Autonómica".

Deficiencias que, según Valcárcel, "han obligado a la Comunidad a adoptar difíciles medidas, tanto a nivel legislativo, con la reciente Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, como a plantear un conflicto positivo de competencias frente al Gobierno de la Nación, e incluso a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011".

Reforma del estatuto de autonomía de murcia

Igualmente, García Canales ha hecho referencia a la "hipotética reforma del estatuto de autonomía para Murcia" que, a su juicio, "debiera contemplar la inclusión en el mismo de la función consultiva con la cita del correspondiente consejo; idea que se fundamenta en la particular posición de dicho órgano en el entramado institucional".

En concreto, ha comentado, "uno de los efectos del estado autonómico ha sido la descentralización, haciéndola en nuestra caso al presidente, al Consejo de Gobierno, a los consejeros, así como a los ayuntamientos de la Región".

De ahí la importancia de la función consultiva, "consustancial al estado mismo, que no se encuentra circunscrita a un tiempo ni país concreto". Por tanto, según García Canales, "una relectura de los títulos competenciales podría llegar a ser provechosa para ajustar algunas discordancias en la línea seguida por las reformas realizadas ya por otro consejos y que también aconseja la propia experiencia".

Memoria de actividades 2010

Según la Memoria, durante el año 2010 tuvieron entrada en el Consejo un total de 297 expedientes con solicitud de dictamen, 65 más que en 2009, lo que supone un 28 por ciento más. Se trata, según ha destacado el presidente del Consejo Jurídico, "del año con mayor número de consultas desde la puesta en funcionamiento del Consejo, en 1998".

Así, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración generaron 206 consultas. De dichos expedientes de responsabilidad patrimonial, 77 corresponden al funcionamiento de los servicios públicos de asistencia sanitaria, y 57 al de los de educación no universitaria.

Además, fueron emitidos 275 dictámenes, 50 más que el año anterior (22 por ciento más), siendo igualmente la cantidad más alta de dictámenes aprobados en un año.

Destaca, al igual que en años anteriores, el notable incremento de los procedimientos de revisión de oficio, que han generado 26 dictámenes, frente a los siete del año anterior, siendo también reseñable que continúa la tendencia creciente de los dictámenes referidos a la resolución de contratos administrativos, con 12 dictámenes.

Por su procedencia, los expedientes recibidos en petición de consulta proceden, en su mayoría, de la Administración autonómica, que envió 280, siendo 17 los que corresponden a Corporaciones Locales. Además, a 31 de diciembre quedaban pendientes de ser despachados 124 expedientes.

Sobre el hecho de que la Memoria haya alcanzado sus mayores cifras en el número de consultas y de dictámenes emitidos, Valcárcel ha puesto de manifiesto que "en momentos como el actual, el asesoramiento de las instituciones consultivas resulta aún más decisivo que nunca".