El Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego en la Xunta de Galicia ha planteado una ley que incluye la posibilidad de buscar convenios con Asturias, Castilla la Mancha y Extremadura para la defensa y potenciación de la toponimia y los nombres y apellidos gallegos en las zonas de habla gallega de estas comunidades. En lo que se refiere a Asturias, afectaría a la franja occidental, donde se usa la 'fala' o gallego-asturiano.

Será una de las cuestiones a debatir en el próximo pleno de la Xunta de Galicia. El encargado de defender la ide fue el diputado del BNG Bieito Lobeira. El texto consta de tres artículos y varias disposiciones adicionales, en las que los nacionalistas culpan a la Iglesia católica y al funcionariado como "responsables directos de la imposición deturpada y españolizadora" de una gran parte de los apellidos, con un "resultado hoy a la vista".

Asimismo, recuerda que el Estado español ha aprobado una legislación que reconoce oficialmente la toponimia y antroponimia gallega, sin que la legislación gallega haya incorporado estas disposiciones, como es el caso del cambio de denominación de las provincias de A Coruña y Ourense, en virtud de una ley del año 1998.

El primero de los artículos de la ley regula que la Xunta "cumplirá y hará cumplir" el mandato legal respecto al uso y difusión oral de todos los topónimos, hidrónimos y cualquier accidente geográfico, en su forma correcta, la única oficial y legal, es decir, la que se corresponde con la ortofonía y ortografía gallegas.

Además, garantizará que en todas las administraciones gallegas se usen estas formas en todas las funciones, así como que en las estaciones de autobuses, empresas de transportes de viajeros y medios de comunicación sea la fórmula oficial la que aparezca. También la Administración de Justicia operante en Galicia "responderá al mandato de la presente ley", recoge el texto.

Asimismo, esta normativa pretende que todos los ciudadanos tengan derecho por ley al pleno reconocimiento legal y uso a todos los efectos de la forma normativamente correcta en gallego de sus nombres y apellidos, mientras que los interesados podrán obtener oficialmente la constancia de la forma normativa correcta en gallego de sus nombres y apellidos en el Registro Civil.

En este apartado, la propuesta ley apunta que la Xunta "establecerá reglamentariamente el procedimiento documental que acredite la corrección lingüística en el proceso" y que realizará campañas periódicas de información y sensibilización.

Finalmente, la iniciativa impulsada por el Bloque establece que los indicadores de señalización y rotulación de los viales de circulación en Galicia deben estar, por lo menos, en lengua gallega. Esta misma condición la adjudica a las señalizaciones de carreteras y autopistas, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas, puertos de interés general, aeropuertos abiertos al tránsito comercial u otras instalaciones de este tipo.

Por último, apunta la posibilidad de cerrar convenios con las comunidades de Asturias, Castilla y León y Extremadura para que los habitantes de zonas de habla gallega puedan ver extendidos y reconocidos estos mismos derechos.